Al participar en el foro ciudadano Problemática y Futuro del Abasto de Agua Potable en la Zona Oriente de la Ciudad de México, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados agregó que “una vez más, el Ejecutivo federal privilegia los negocios de sus amigos sobre el bien común”.
La legisladora afirmó que cada reforma representa un nuevo negocio, a partir de la explotación de la riqueza nacional. En el caso de la Ley General de Aguas pretenden aplicar un modelo de extracción de agua “a como dé lugar, sin tomar en cuenta los costos económicos, sociales y ambientales”.
Estas complicidades tornan más crítico el futuro, dijo, si se toman en cuenta algunas proyecciones que estiman que para el año 2030 la disponibilidad de agua por persona será de 3 mil 430 metros cúbicos al año, es decir, la quinta parte de lo que correspondía 1950, que era de 17 mil 742 metros cúbicos y en el 2000 de 4 mil 689 metros cúbicos.
Explicó que esta iniciativa prevé megaproyectos para la construcción de infraestructura sin una planificación participativa que proteja este recurso vital y promueve la realización de trasvases, acuíferos muy profundos, desalinizadores y sobreexplotación de acuíferos.
Un factor por demás preocupante, explicó, es que al fomentar y promover los trasvases y considerarlos de utilidad pública, se podrán imponer sobre la base de actos de expropiación.
A pesar de ser un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica de los habitantes o la soberanía del país, los trasvases quedarán a cargo de los concesionarios, quienes podrán acaparar y disponer del vital líquido durante 35 años con derecho a prórroga. Además, los requisitos para que privados realicen trasvases quedan a criterio del Ejecutivo.
Es decir, otorga un negocio redondo a sus amigos de constructoras como HIGA –que ganó 60 por ciento del contrato para construir y operar el Acueducto Monterrey VI– para que dispongan de las aguas nacionales hasta por 35 años, con derecho a prórroga hasta por el mismo lapso. De tal manera que podrán vender el vital líquido a empresas que realicen fracturación hidráulica, o lo que es peor aún, vender a sobreprecio a Conagua el vital líquido previamente concesionado como agua en bloque.
El modelo de negocios que auspicia esta iniciativa podrá ser replicado en todo el territorio nacional por empresas que podrán participar como operadores de los trasvases, facultad que actualmente realiza Conagua y que en la propuesta se le retira.
