Exhorta legislativo a Congresos locales a promover cooperativos en los estados

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Con base en lo estipulado en el artículo 25 de la Constitución y debido a la importancia de ofrecer opciones laborales a la población, la legisladora perredista solicitó al Pleno de la Cámara de Diputados apoyar su exhorto a las legislaturas estatales en el sentido de que creen comisiones ordinarias de Fomento Cooperativo y Economía Social para atender específicamente lo relacionado con dicho tema y para promover las legislaciones sobre el rubro.

Explicó que en materia de leyes, sólo Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo, Quintana Roo y  Zacatecas cuentan con una legislación en materia de fomento cooperativo a pesar de que, de acuerdo a la Constitución y a la Ley General de Sociedades Cooperativas, todas las entidades deben fomentar esta alternativa económica.

Señaló que, de acuerdo con el Censo Económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2008 había nueve mil 767 cooperativas que dieron empleo a 182 mil 928 personas.

Agregó que el mismo organismo informó que las entidades con mayor número de cooperativas fueron Oaxaca, con 762; Veracruz con 695; y Chiapas con 498 y Sinaloa con 496. Paradójicamente, de los estados anteriores, sólo Oaxaca y Aguascalientes cuentan con una comisión ordinaria en materia de economía social.

Mediante un punto de acuerdo, la legisladora expuso que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la economía social es un concepto que designa a las empresas y organizaciones, especialmente cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, las cuales tienen la característica específica de producir bienes,  servicios  y conocimientos, a las vez que persiguen objetivos tanto sociales como económicos y promueven la solidaridad.

Argumentó que las sociedades cooperativas son organismos inmersos dentro de la economía social. La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (CICOPA), perteneciente a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), define a las cooperativas como asociaciones autónomas  de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y  democráticamente controlada.

Indicó que las cooperativas se basan en valores como autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad; sus integrantes se apropian de valores éticos como honestidad, trasparencia, responsabilidad y la vocación social. La OIT calcula que éstas emplean a más de 100 millones de personas en todo el mundo.

Informó que hay más de 110 mil cooperativas en los sectores industriales y de servicios que proveen cuatro millones de empleos alrededor del mundo (además de unas cuantas miles de empresas que son propiedad de sus trabajadores, muy similares a las cooperativas).

La mayoría de estas empresas se encuentran en Europa (83 por ciento) y en Sudamérica (12 por ciento).

El artículo 25 de la Constitución señala que corresponde al Estado velar por el desarrollo nacional a través de la competitividad, fomento al crecimiento económico, el empleo y una justa distribución de la riqueza.

Establece que en el desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social los sectores público, social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Además, el  artículo 73, fracción XXIX faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Asimismo, que dichas leyes contribuirán al desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, estados y municipios de sus respectivas competencias.

De manera particular, la Ley General de Sociedades Cooperativas en su título IV, relativo al apoyo de las cooperativas, en su artículo 93, señala que tanto los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los órganos político-administrativos del Distrito Federal apoyarán en medida de sus posibilidades al desarrollo del cooperativismo.

Por tanto es deber de los congresos locales fomentar esta alternativa económica ya que está prevista en nuestra Constitución y leyes secundarias.