En materia económica, la disciplina fiscal consiste en preservar un balance entre los ingresos y los gastos del gobierno. En términos simples, aplica la receta de que un Gobierno no gaste más de lo que tiene. Esta ‘regla de oro’ en las finanzas públicas resulta, entre otras cosas, en estabilidad macroeconómica y la sustentabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
Bajo este postulado, el Estado adquiere compromisos u obligaciones de gasto, así como recaudatorias, para sustentar los objetivos sociales y económicos de sus políticas públicas.
Precisamente uno de los objetivos y compromisos más recientemente adquiridos por el gobierno, incorporado a nuestra Constitución en junio de 2013, es el de materializar la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), con fecha cierta a más tardar el 31 de Diciembre de este año.
En su instrumentación, se estipuló que se dispondría de los recursos presupuestales necesarios. Al respecto, la SCT se comprometió en mayo del año pasado a la entrega de televisores digitales con conectividad de un costo aproximado de 2 mil pesos, para aquellos hogares inscritos en el padrón de beneficiarios de los diversos programas sociales de la SEDESOL. La aritmética presupuestal se reduce a multiplicar 13.8 millones de dispositivos/hogares por esos dos mil pesos.
Ese monto no fue asignado, de manera suficiente, dentro del PEF correspondiente a los años 2014 ni 2015, careciendo así del músculo económico y presupuestal para garantizar el equipamiento necesario para la migración digital. Es precisamente esa insuficiencia que ha conducido a una sucesión de postergaciones del apagón analógico en diversas regiones.
A este contexto se suma el reciente anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de ajustes al ejercicio de recursos presupuestales del año en curso, en reacción a la caída internacional del precio del barril de petróleo. Ese ajuste incluye a este sector de telecomunicaciones y radiodifusión, en la persona institucional de la SCT, anunciándose así la afectación en la entrega de televisores, que se reduce de esos 13.8 millones a tan solo 10 millones durante este 2015.
Ello pone en riesgo el alcance de cobertura poblacional de 90% de la señal digital para el cierre del año. Con ello, devendría además en un inminente incumplimiento de los términos constitucionales en tiempo y cobertura.
Si la corrección a esta política pública resultara en distribución de decodificadores, cuyo costo es claramente menor que el de los receptores de televisión, terminaremos en el país con audiencias con beneficios diferenciados según sus plataformas tecnológicas disponibles. Ahí, aquellos con decodificadores contarán con la continuidad de la recepción de señal, pero no así con los beneficios adicionales de la TDT así como del posible acceso a internet, dependiendo del tipo de equipamiento de los hogares.
El dilema entonces radica en balancear la instrumentación de la política de conectividad y de eficiencia de recursos espectrales, como lo es la transición a la TDT, con el equilibrio de las finanzas públicas.
Porque conforme a nuestra Constitución, independientemente del ciclo y las condiciones macroeconómicas, los propósitos sociales en materia de salud, educación, asistencia social, desarrollo de infraestructura, combate a la pobreza, pero también de conectividad son objetivos del día a día en el país.
¿O acaso no estamos tomando con la formalidad y seriedad del caso, nuestro nuevo mandato constitucional?
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@ernestopiedras
