Al aceptar que en su lucha contra la corrupción va perdiendo la batalla de la percepción ciudadana, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer un cambio total de su estrategia.
Por ello anunció un nuevo nombramiento, 8 grandes acciones y un compromiso:
– De entrada nombró secretario de la Función Pública al exconsejero electoral Virgilio Andrade (cargo que estaba acéfalo en espera de la aprobación de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, iniciativa que se entrampó y perdió en medio de conflictos entre las bancadas del Congreso de la Unión).
– A este, dijo, “… he solicitado que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias Federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. Adicionalmente, y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al Secretario de la Función Pública reunir a un panel de expertos, con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo.
– Y al mismo tiempo inició 8 acciones de gobierno para fortalecer el combate a la corrupción en México.
En su mensaje previo, el presidente Peña Nieto se dolió de que a pesar de los grandes esfuerzos realizados contra la corrupción, la percepción de los mexicanos no haya cambiado.
“Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, que publicó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente la misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas”, señaló
Consideró que ello es más lamentable, porque como Presidente de la República no sólo ha tenido la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción sino que ha “estado (siempre) comprometido a trabajar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas”.
Recordó que dentro de este esfuerzo y convicción, su primera iniciativa, siendo apenas presidente electo, fue la de crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
“No obstante que mi actuar se ha apegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi Gobierno”, dijo.
El caso es que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica que habría conflicto de interés, “cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión” y ese nunca ha sido su caso ni antes ni ahora.
Aseguró que las contrataciones y adquisiciones del gobierno han estado siempre ajenas a su intervención porque él ha actuado siempre con imparcialidad y con apego a derecho.
“Y aquí quiero ser enfático: El Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
“Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”, dijo.
Consideró que esta percepción pública distorsionada se explica, en buena medida, porque en México no se tienen los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés.
Luego enumeró los tres tipos de conflictos de interés que señala la doctrina:
– Los reales, cuando un funcionario toma decisiones a partir de intereses personales, familiares o de negocios.
– Los potenciales o posibles, donde aún no existe el conflicto, pero es probable que ocurra… y, por tanto, preventivamente debe declararse.
– Y los aparentes, que es cuando existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna.
Por ello decidió designar a Virgilio Andrade al frente de la Función Pública y ser sujeto de una investigación que determine si incurrió o no en conflicto de interés en el caso de la llamada Casa Blanca.
Por lo demás inició 8 acciones.
La primera obligará a todos sus colaboradores y demás funcionarios públicos federales, a que junto con su declaración patrimonial anual, digan dónde pueden incurrir en conflicto de interés dentro de su responsabilidad pública.
La segunda acción crea una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés dentro de la Función Pública que estará vigilante de que no ocurran conflictos de interés, y en su caso sancionarlos.
La tercera será la de crear reglas de integridad para funcionarios y procedimientos, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética.
Una cuarta acción tiene que ver con la creación de protocolos para el contacto entre particulares y funcionarios responsables de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
Y la quinta será la de integrar un registro y someter a esos funcionarios a un proceso de certificación que garantice su honestidad e imparcialidad en cada proceso.
La sexta acción compromete al Gobierno federal a acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno.
La séptima obliga al gobierno a dar a conocer la lista de proveedores sancionados y las causas de su sanción.
Y la octava y última, buscará ampliar la colaboración del gobierno con el sector privado para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción.
Concluyo al indicar que “estoy decidido a realizar una gestión pública abierta y cercana a la gente; comprometido a ser un Gobierno más moderno, eficaz y, sobre todo, transparente”.
En razón e todo lo anterior, “he solicitado también la asesoría y acompañamiento de laOrganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y que en consecuencia está a la vanguardia en las mejores prácticas para la buena gobernanza”.
EL MUNDO AL REVÉS
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y coordinador de los legisladores del PRI, el sonorense Manlio Fabio Beltrones advirtió ayer que sociedad y medios, han caído en México en una especie de mundo al revés.
“Vamos, no volteemos a ver a la Comisión (investigadora de las irregularidades de la Línea 12 del Metro), queriéndola hacer sujeto del delito que no cometió… mejor busquemos a quién fue él que hizo uso de los 45 mil millones de pesos, de una obra que no le sirve a los habitantes del Distrito Federal. Eso es lo importante.
“Que no suceda, como en algunos momentos aconteció, que -por ejemplo- con el caso Iguala, después de que se empieza a buscar a los muchachos desaparecidos y se mete a la cárcel a un número muy importante de funcionarios públicos de nivel municipal y a delincuentes que estaban en contubernio con el gobierno municipal y con el gobierno estatal, algunos voltean y dicen, “ese es un caso político; que la culpa la debe tener el gobierno federal”. Quieren echarle la culpa al gobierno federal que es el que anda buscando a los muchachos y que es el que mete a la cárcel a los delincuentes. El mundo al revés”, dijo el diputado.
Sin mencionarlo por su nombre, consideró que las acusaciones de Marcelo Ebrard contra el presidente Peña Nieto, son sólo intentos para desviar la atención del problema central que presenta el paro de la Línea 12 y que es la evidente mala aplicación y uso de recursos públicos.
“… la Comisión sólo recabó información de lo que funcionarios públicos involucrados dijeron y presentaron en audiencias públicas…es inadmisible que se hayan gastado 45 mil millones de pesos en la construcción de esa obra y que nadie rinda cuentas… las fallas afectan a 500 mil habitantes del Distrito Federal”, indicó Beltrones… ahora hay que descubrir quién miente, quién oculta información de fondo, alrededor de lo que puede ser un gran fraude: el haber tirado 45 mil millones de pesos y no tener un producto que le sirva a los ciudadanos del Distrito Federal… en un desastre de esta naturaleza, en cualquier otra ciudad del mundo, no se generaría ninguna controversia…se sancionaría a quien o quienes hicieron mal uso de los recursos; no se trata de enjuiciar a una persona, a dos o a tres, se trata de conocer la verdad…No es un caso político… El gobierno federal no fue el que detuvo el funcionamiento de la Línea 12… el gobierno federal no ha dictado una línea del informe que se hizo en la Cámara de Diputados… quien lo diga trata de desviar la atención de lo importante. Y lo importante es saber qué fue lo que pasó, y si alguien hizo mal uso de los recursos, sea quien sea, se le llame a cuentas”, enumeró.
