Al servidor público le pidió resolver si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron operaciones de compra venta de las residencias de su esposa Angélica Rivera, en Las Lomas, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco y del mismo mandatario, en Ixtapan de la Sal.
En los primeros dos casos, los inmuebles tuvieron como agente inmobiliario a la empresa Higa y en el de la residencia de Ixtapan de la Sal, al desarrollador inmobiliario Roberto San Román.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, tanto Higa como San Román han recibido importantes adjudicaciones de contratos de obra pública durante la actual administración federal de Peña Nieto y aun desde su gestión como gobernador del Estado de México.
En un mensaje a los medios de comunicación en Los Pinos, el mandatario aseguró haber estado siempre comprometido a trabajar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero enseguida admitió: ‘’no obstante que en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno’’.
Y aunque dispuso que Andrade Martínez investigue si tal irregularidad existió en la compra de los inmuebles señalados, Peña Nieto citó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos respecto a la existencia de conflictos de interés y establecer la existencia de los mismos, ‘’cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión’’.
Según Peña Nieto, ‘’esto nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como Presidente de la República, y tampoco en mis cargos públicos anteriores’’.
Como lo había subrayado la propia Presidencia cuando se divulgó el caso de su residencia de Ixtapan de la Sal y los vínculos con el empresario inmobiliario San Román, el jefe del Ejecutivo dijo ser ‘’enfático’’ para aclarar: ‘’el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras; tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios’’.
Sin embargo, asumió una vez más, no obstante estas aclaraciones, ‘’soy consciente de que los señalamientos generalizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad, no ocurrió’’.
Y tal opinión se explica en gran medida, indicó también, ‘’porque en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad, cómo declarar posibles conflictos de interés’’.
