Guillermo Haro, titular de la Profepa, expuso que los inversionistas nunca presentaron el permiso de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo, violando las leyes General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y la Forestal.
De las 561 hectáreas que comprende la superficie total del terreno, los desarrolladores iniciaron obras en 203 hectáreas donde pretendían construir más de 700 viviendas, 20 naves comerciales y 3 mil locales, por lo que destruyeron manglares y otras especies forestales protegidas por la NOM 059 y pusieron en peligro otras especies de fauna.
La empresa tiene un largo historial jurídico ya que acumuló 10 denuncias interpuestas por la autoridad ambiental, grupos ecologistas y su caso llegó hasta el Congreso de la Unión.
La clausura procedió luego de que el tribunal colegiado del 20 distrito administrativo dictaminó a favor del recurso de revisión del amparo que había interpuesto la empresa.
Sigue abierta la investigación en la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la PGR que demandó Profepa por probables conductas delictivas por desmonte y dañar humedales, entre otros.
El vocero del proyecto comercial Dragon Mart, Marco Antonio García Granados, adelantó que se apelará la decisión de la Profepa de clausurar en su totalidad el megaproyecto comercial “por haber alterado las condiciones de equilibrio ecológico de la zona y devastado 149 hectáreas del predio El Tucán”, donde se construía la obra, debido a que se asienta en terrenos forestales de un ecosistema costero.
Por su parte, Juan Carlos López Rodríguez, director y socio comercial de Dragon Mart, dijo que la clausura emprendida por el gobierno federal no significa la cancelación definitiva del proyecto pues los procedimientos iniciados por Profepa aún se encuentran “subjudices”, es decir, pendientes de resolución judicial definitiva.
