Con ello –agregó- la afirmación del Ejecutivo Federal al imponer su reforma privatizadora al Congreso de la Unión en el sentido de que los derechos de los trabajadores quedarían intocados, queda desmentida con el texto del 11 de agosto de 2014 y con los hechos.
En realidad, estos derechos están siendo ninguneados y para ello se chantajea a los petroleros a aceptar el despojo. Se utiliza para esto el contenido del tercer y cuarto artículos transitorios del Decreto de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, el cual se refiere a los pasivos laborales de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según una parte de dicho texto, “la proporción del pago (del pasivo laboral) que en su caso asuma el Gobierno Federal será equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo”.
Dicho de otro modo –añadió Ceseñas Chapa- se chantajea a los trabajadores a aceptar cambios a su contrato colectivo de trabajo si quieren que el Estado asuma el pasivo laboral, con lo que en realidad lo pagarán ellos cuando la propia empresa debió crear ese fondo desde hace años.
Los cambios que se les quiere imponer por esta vía van en el sentido de que los nuevos trabajadores y empleados de confianza ya no tendrían derecho a pensión o jubilación otorgada por PEMEX. Para acceder a una deberán afiliarse a alguna Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), caracterizadas por el descrédito debido a los fraudes que cometen con los recursos de los trabajadores.
Con esta imposición se somete a los trabajadores a un estado de excepción inconstitucional y se viola un principio esencial del derecho laboral, en el sentido de que se tiene derecho al mismo salario por el mismo trabajo.
Además, por lo que hace a los trabajadores en activo, se ajustarán los parámetros para determinar sus pensiones, comenzando por el incremento de la edad para pensionarse o jubilarse. Además, se modificará el contrato de trabajo en otros rubros para reducir el costo laboral de la empresa.
“El Artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo es claro: el contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. La Carta Magna y la ley de cita declaran la nulidad de pleno derecho de toda renuncia de los derechos humanos laborales. Pero esto no tiene relevancia, a la derecha no le importa el estado de derecho”, denunció la diputada de Nuevo León.
Alertó a petroleros y electricistas que, con estos cambios, ya no tienen asegurada una pensión. Los nuevos, si la quisieran, deberán cotizar muchos más años para recibir míseros recursos mientras sus ahorros servirán para transferir cantidades multimillonarias al insaciable capital financiero, básicamente extranjero.
Además, se condenaría a los jóvenes del país, que pareciera no ser mexicanos, a la discriminación frente a los demás trabajadores, condenándoseles de por vida a empleos precarios y sin futuro.
“En relación a las jubilaciones y pensiones en curso de pago, “se supone” que se les respetará; esto en tanto no se las desconocen como sucedió con los trabajadores ferrocarrileros, que quedaron con paupérrimas pensiones del IMSS”, recordó.
Para la congresista, no hay beneficio alguno para trabajadores de Pemex ni del país con la reforma energética y los cambios al contrato colectivo del trabajo, sino todo lo contrario pues el propósito es dejar a esta empresa y a la CFE sin cargas, pero con coste a petroleros y electricistas, para facilitar su desmantelamiento y entrega a las transnacionales, con lo que además se abarataría la mano de obra calificada.
Pidió al Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, estar atenta ante esta injusticia y planteó un punto de acuerdo para citar al Director de Pemex a fin de informar de los resultados de la negociación del contrato colectivo de los petroleros, mismos que entrarían en vigor en el presente año.
