En rueda de prensa al término de una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el legislador indicó que en la Comisión de Puntos Constitucionales, y el grupo de trabajo creado para abordar el asunto, se tiene la intención de reanudar los trabajos para concluir con la dictaminación del tema.
“Coincidimos todos en que se fortalezca la Secretaría de la Función Pública, en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga mayores atribuciones, que ambas figuras se dediquen a investigar, se dediquen a prevenir, en el caso de la Función Pública, pero, si ellos encontrasen algún delito, inmediatamente tendrán que comunicarlo a la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.
Agregó que también existen coincidencias entre los grupos parlamentarios para que, en el caso de faltas graves, exista un ente externo que resuelva y sancione, ya sea un nuevo Tribunal de Cuentas, o el propio Tribunal de Justicia Administrativa.
“Lo que no podemos permitirnos es que se genere impunidad en este nuevo modelo, que eso es lo que está tratando; lo que estamos buscando es que, efectivamente, aquel que viole la ley sea sancionado, ya sea administrativamente o penalmente”, expresó.
Gutiérrez de la Garza manifestó que, con la finalidad de llegar a un acuerdo en el tema, se optó por eliminar del dictamen cualquier consejo, comité o figura intermedia entre las instancias de revisión, y que se modifique la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio y aplicarla en los casos de enriquecimiento ilícito.
Agregó que ya hay un acuerdo para que, a partir del 1 de enero del año siguiente a que concluya el ejercicio fiscal, la ASF pueda iniciar los procedimientos de revisión, “para evitar problemas de caducidad o prescripción de las instancias correspondientes”.
Explicó que uno de los puntos que siguen en discusión es en qué tipo de faltas deberá de intervenir de inmediato la ASF, no obstante que no haya concluido el ejercicio correspondiente.
Asimismo, cuáles serán las los requisitos para evaluar la revisión de la ASF, para que el proceso no se preste a “vendetas políticas” o se utilice para denostar a partidos políticos”, cuidando que no existan abuses o se genere impunidad.
