La propuesta que estudian las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, reforma el Artículo 93 de la Constitución y fue presentada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez.
La legisladora explicó que con el propósito de garantizar su imparcialidad, varios organismos gozan de independencia frente a los poderes de la Unión, como los institutos Nacional Electoral, Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Federal de Telecomunicaciones y Nacional de Estadística y Geografía.
Así como las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Federal de Competencia Económica; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Banco de México, entre otros.
Con la excepción del INE, agregó en la exposición de motivos de la iniciativa, la designación de las y los integrantes de todos los órganos autónomos es a propuesta del presidente de la República con la aprobación del Senado.
Aunque autónomos, dijo, esos organismos son parte del Estado y sus funciones son de suma importancia para el país, por lo que sus titulares deben presentar un informe anual de labores y comparecer ante el Congreso y ser citados ante comisiones para tratar asuntos de interés nacional.
Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los órganos autónomos tienen funciones específicas, pero esto no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales para la sociedad en general.
Actualmente, destacó, el Artículo 93 de la Carta Magna señala que únicamente se puede convocar a titulares de los órganos autónomos cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades, pero no se habla de una comparecencia per se o de una rendición de cuentas ante el órgano legislativo que los designó.
El objetivo de la iniciativa, precisó De la Peña, es establecer un mecanismo de control parlamentario e impulsar una coordinación entre el órgano autónomo y la Cámara del Congreso que los nombra, independientemente del régimen de responsabilidades al que se encuentren sujetos.
Así, concluyó, será posible fortalecer una política de rendición de cuentas, la legalidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas, así como reconocer la labor de los titulares de los órganos autónomos y, de ser necesario, sancionar a quienes incumplan la obligación para la que fueron designados.
