Según testimonios, refirieron los legisladores, en esa fecha un comando del grupo criminal Los Zetas saqueó y destruyó medio centenar de edificaciones, al tiempo que secuestró -se estima- a 300 personas, “todo en silencio y bajo encubrimiento oficial”.
“Este pueblo, de 20 mil habitantes, padeció una masacre que, con la averiguación previa CEIYCS/012/2011, el actual gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdéz ha sido incapaz de esclarecer, por lo que resulta necesaria la intervención del gobierno federal en las investigaciones”, sostuvieron.
Mediante un punto de acuerdo, los diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la República para atraer el caso y coordinarse con el gobierno de Coahuila para esclarecerlo. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también llamarían a iniciar una investigación al respecto.
Mejía Berdeja y Monreal Ávila detallaron que, según versiones, los comandos llegaron a los domicilios y detuvieron a todas las personas que se encontraba ahí, llevándose también los objetos de mayor valor, como dinero y joyas.
Una vez acabado el saqueo, continuaron, Los Zetas demolieron las casas. En algunos casos utilizaban granadas y en otras llegaban directo con mazos y máquinas de construcción.
“El ataque duró varios días y la policía municipal participó tanto en el ataque como en el pillaje. Al cabo de una semana, los restos de las casas destruidas en el centro de Allende se amontonaban por doquier”.
Asimismo, afirmaron que hubo omisión del entonces gobernador interino, Jorge Torres López; de la procuradora general de la República, Marisela Morales, y del presidente municipal de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, “que permaneció sin actuar” ante los hechos.
Con la participación del gobierno federal, precisaron, el Estado cumpliría su función para con las víctimas y sus familiares, en el sentido de impartir justicia y garantizar la reparación adecuada de daños bajo los estándares internacionales.
“En estos lamentables hechos que avergüenzan al país, se ha mantenido total hermetismo, todo ello con la intención de buscar que se queden en la impunidad, motivo por el cual consideramos necesario que el gobierno federal atraiga, a través de la PGR, la investigación para esclarecerlos”, concluyeron.
