En el documento, refiere la importancia de fortalecer a quienes trabajan esta actividad, pues es detonante de la recuperación del campo mexicano, permite incrementar los ingresos de sus habitantes y aumentar el abastecimiento local de alimentos básicos.
Refiere que anualmente se pierde hasta 25 por ciento de la producción total de maíz, trigo y frijol, por lo que es necesario crear una reserva estratégica de granos y consolidar programas efectivos que permitan incrementar la productividad nacional, así como la regulación, conocimiento y planeación del mercado para mejorar la competitividad.
Señala que en México existen cuatro millones 331 mil 134 unidades productivas de agriculturas familiares, lo que representa 81.3 por ciento del total de explotaciones agrícolas.
Agrega que las actividades productivas para la subsistencia y mejoramiento de vida de pequeños y medianos productores, en relación a la agricultura, son altamente vulnerables y ligadas a la incertidumbre, y los agricultores “no han encontrado en las políticas públicas una solución para el crecimiento y fortalecimiento de su economía y bienestar familiar, teniendo que buscar nuevas alternativas como el autoempleo rural, trabajos asalariados y diferentes tipos de migración”.
Además, en los últimos 20 años la tasa de crecimiento de la población rural ha sido negativa, mientras que el promedio de edad de los agricultores se ha incrementado de modo considerable.
Afirma que el campo enfrenta una grave problemática cada día más complicada, y ante ello faltan respuestas del gobierno federal, además de que en la presentación de propuestas de modificación al marco jurídico de las actividades productivas del país no se avizora crecimiento en el sector.
Por ello, indica, es fundamental modernizar los sistemas con que las comunidades comercializan sus productos, para incentivar el intercambio y reactivar las pequeñas economías locales, lo cual generará formas de autoempleo local y beneficios a la agricultura familiar.
Refiere que esta actividad es una alternativa de crecimiento para reactivar el campo mexicano, que se sitúa en una posición estratégica para enfrentar los problemas de oferta de alimentos a precios accesibles para la población y, además, constituye el 50 por ciento de los ingresos familiares.
“Su desarrollo competitivo y sustentable representa una oportunidad para transformar lo que se ha considerado como un problema en el campo mexicano; la pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria son algunos de los muchos problemas que se presentan en el agro”, explica.
En el mismo documento plantea modificar el inciso q) de la fracción II, del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer que el proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley de Agricultura Familiar.
Plantea adicionar, asimismo, el artículo 69 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para señalar que el titular del Ejecutivo federal, dentro del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará 70 por ciento de los recursos destinados dentro del PEC, para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Agricultura Familiar.
Se define a la agricultura familiar como las prácticas y actividades de pequeños y medianos productores y minifundistas, con el trabajo preponderante del núcleo familiar, que usan y transforman los recursos naturales para obtener productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, acuícolas y silvícolas, destinados al autoconsumo o a la venta y que busquen fortalecer y aumentar su producción.
Plantea que se promoverá el perfeccionamiento profesional, gerencial y técnico del agricultor; el establecimiento de mecanismos para la concesión de crédito; agilizar procesos administrativos y participativos, apoyo para la comercialización de los productos, así como estrategias que contribuyan a fortalecer las actividades de producción.
Propone que el gobierno federal establezca el Programa de Reserva Estratégica de Granos, en coordinación con los pequeños y medianos productores de las regiones del sector agropecuario, para crear infraestructuras de almacenamiento que fortalezcan el mercado local de productos agropecuarios.
También, que impulse centros de distribución y acopio que robustezcan a pequeños y medianos productores, a través de programas efectivos que permitan incrementar la productividad, la regulación, conocimiento y planeación del mercado local para mejorar la competitividad.
Sugiere establecer una política agropecuaria sustentada en la seguridad alimentaria y en el fortalecimiento del mercado interno, orientada a mejorar las condiciones de vida de los pobladores del campo y a reconstituir las comunidades rurales.
Para ello, continúa, se privilegiará la inversión de capital en proyectos productivos, los instrumentos de política de comercio exterior, las inversiones públicas en infraestructura y una política fiscal y de precios de los bienes y servicios públicos.
