Lizbeth Alarcón Rodríguez, esposa de Peñaloza Santana, denunció que el edil desapareció el viernes cuando se trasladaba a la Ciudad de México porque fue citado a comparecer ante la PGR como parte de las indagatorias por los hechos que tuvieron lugar en Iguala.
Alonso Raya puntualizó que la Procuraduría debe precisar si Peñaloza Santana compareció o no antes de desaparecer e investigar su paradero.
El coordinador perredista consideró como sospechosa la desaparición del edil, que se suma a las nuevas evidencias publicadas en la revista Proceso que involucran a elementos de la Policía Federal y del Ejército en el ataque, los asesinatos de la noche del 26 al 27 de septiembre y la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Estas nuevas evidencias cuestionan los resultados de la investigación realizada por la PGR que ha concluido que fueron los policías municipales de Iguala y Cocula, por órdenes de José Luis Abarca, los que atacaron y entregaron los normalistas a los narcotraficantes y fueron estos quienes después los mataron.
Hasta el momento, precisó el perredista, “el Procurador no ha explicado cuál fue el rol de la Policía Federal y del Ejército, antes, durante y después de los hechos de Iguala y qué sabían respecto al cementerio clandestino que se ha encontrado.
“Nadie de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería ha sido llamado a declarar y por el contrario, en una clara maniobra para encubrirlos, los mandos responsables en la zona de estos dos destacamentos de fuerzas federales han sido cambiados de sede”, añadió.
Dijo que la PGR nunca precisó que el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería se encontraba en el baile que ofrecieron María de los Ángeles Pineda y José Luis Abarca, después del informe de la primera como responsable del DIF en el municipio.
“Informe que, por cierto, había terminado antes de que llegaran los estudiantes a Iguala y la PGR sostiene que la agresión fue ordenada por Abarca, porque los normalistas pretendían boicotear este evento”, añadió.
Recordó que la Procuraduría ni siquiera ha podido determinar con claridad cuál fue el móvil de los ataques y de la desaparición forzada de los estudiantes, ni de sustentar sus acusaciones para consignar a María de los Ángeles Pineda, a la que señala como la líder del grupo criminal que presuntamente asesinó a los muchachos.
“Es claro que atrás de las prisas de la investigación oficial hay una intención de que los mexicanos ya superemos el dolor por Iguala, como lo pidió Peña Nieto, en un afán por deslindar a su administración de su responsabilidad”, consideró.
El legislador federal reiteró que la información publicada en la revista “confirma que lo que sucedió en Iguala fue un crimen de Estado y la desaparición de Peñaloza Santana fortalece las sospechas de que se pretende borrar cualquier testimonio que contradiga la versión de la PGR”.
Señaló que “la pérdida de credibilidad y confianza que ha generado la investigación oficial, ameritan la renuncia del Procurador, Jesús Murillo Karam y del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García”.
