Al resolver un recurso de revisión en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, la comisionada ponente Areli Cano expresó que en los últimos años México vive una situación preocupante en torno a la violación constante de derechos humanos con la desaparición, tortura y muerte de personas.
“En Guerrero, los sucesos recientes, desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el reporte constante sobre el descubrimiento de fosas clandestinas, evidencian una condición de violación generalizada y sistematizada, en materia de derechos humanos”, dijo.
Por ello, destacó que es obligación que el Estado genere una base oficial de datos a nivel nacional que permita la búsqueda de identificación de las personas desaparecidas, para que haya acceso a la verdad.
Esa posición se presentó durante la discusión de un recurso de revisión en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que un ciudadano solicitó el número de fosas encontradas en todos los municipios de Guerrero, el número de cuerpos exhumados y las fechas de su localización.
En la solicitud, también se pidieron el número de pruebas de Identificación de ADN y otras formas de reconocimiento hechas por peritos, el número de cuerpos exhumados reconocidos por familiares a través de pruebas de ADN u otra forma de reconocimiento, así como el género y edad de los cuerpos identificados del año 2000 al 16 de octubre de 2014.
Pero en su respuesta, la Sedena se declaró incompetente para proporcionar la información solicitada y orientó al particular a presentar su solicitud ante la PGR.
Sin embargo, al analizar su normatividad, la ponencia de la comisionada determinó que la Sedena es competente para conocer el número de fosas, así como los cuerpos encontrados y las fechas de su localización en Guerrero.
Por ello, el IFAI ordenó a la Sedena entregar la información que el ciudadano solicitó, salvo las pruebas de ADN, pues eso le correspondería al Ministerio Público federal.
En su argumentación, Cano Guadiana expresó que para cumplir con el derecho de acceso a la Información relacionada con violaciones a derechos humanos, se debe garantizar que no se oculte o se niegue la información.
“Por ello, el Estado debe actuar a partir del principio de máxima publicidad para buscar con todos los medios posibles la información que se solicita; así como acceder a la información veraz y confiable que contribuya a luchar contra la impunidad y la reparación del daño, en su caso”, dijo.
En tanto, su compañero Joel Salas recordó que el compromiso número cinco de la AGA gira en torno a la creación bases de datos confiables.
“Las organizaciones de la sociedad civil que forman la AGA sacaron un comunicado donde piden que los compromisos sirvan para profundizar y cumplir a cabalidad con el respeto de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos”.
Desde 2012, México forma parte de la AGA, un mecanismo que busca transparentar toda la información de las entidades públicas por medio de herramientas tecnológicas y en colaboración con organizaciones civiles.
Este 2014 México presidió la AGA, que está conformada por más de 20 países.
