Luego de que el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal exoneró a Raúl Salinas de Gortari al concluir que no es culpable de enriquecimiento ilícito, Alonso Raya manifestó su desacuerdo al recordar que los resultados de las indagaciones de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus empresas filiales, que él presidió durante un periodo en la LVII Legislatura (1997-2000); arrojaron que Raúl Salinas de Gortari le provocó un daño patrimonial al erario público federal por 1 billón 631 mil 352 millones, 919 mil 220 pesos.
El Tercer Tribunal Unitario del DF argumentó que la exoneración de Raúl Salinas de Gortari se dio en virtud de que la Procuraduría General de la República no logró acreditar de manera satisfactoria que la fortuna de Salinas proviene de la llamada partida secreta, de la que se presume fueron desviados cerca de 2 mil 218 millones de pesos del erario público entre 1990 y 1994.
Luego de su liberación, esta es la segunda decisión judicial en favor de Raúl, puesto que en marzo de 2013 el Juzgado Decimotercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Sur del Distrito Federal; determinó regresar a Juan Manuel Gómez Gutiérrez, uno de los alías que Raúl utilizó para ocultar sus operaciones financieras, cerca de 30 millones de pesos depositados en cinco cuentas bancarias congeladas durante 18 años.
Durante los sexenios de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, Raúl fue gerente general de Diconsa, director general de Imconsa y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo; al amparo de estos cargos públicos, se le acusó entonces, amasó una cuantiosa fortuna.
La comisión de investigación planteó seis líneas de investigación para tratar de aclarar las irregularidades financieras de Raúl Salinas de Gortari, entre ellas revisar y verificar si las cuentas bancarias o cualquier tipo de inversión o préstamo con instituciones de crédito, nacionales o extranjeros, directamente o mediante terceros de CONASUPO y sus empresas filiales, se pudieron haber utilizado para operaciones no usuales de dinero.
Así como revisar el proceso de desincorporación de las inversiones en acciones y en la venta de los activos de MICONSA Guerrero, S.A. de C.V.; MICONSA Atlacomulco, S.A. de C.V.; y de las plantas productoras de LICONSA.
Como resultado de sus investigaciones, recordó Alonso Raya, la comisión emitió varias recomendaciones al Ejecutivo Federal, que al no ser atendidas y por omisiones de la Procuraduría General de la República, han facilitado que Raúl Salinas de Gortari haya podido librar los diversos procesos judiciales iniciados en su contra.
Particularmente en este sexenio, acusó el diputado federal perredista, Raúl Salinas ha sido favorecido porque a partir de 2013 le han sido devueltos todos sus bienes, propiedades y recursos en cuentas bancarias asegurados, porque la PGR no pudo acreditar sus acusaciones por los delitos de lavado de dinero, homicidio y peculado, y ha tomado la decisión de no ejercer su derecho a apelar estos fallos judiciales.
