Además, solicitaron a dichos funcionarios –respectivamente General Salvador Cienfuegos Zepeda, Enrique Francisco Galindo Ceballos y Jesús Murillo Karam-hacer pública toda la información sobre la agresión perpetrada contra los estudiantes a partir del 26 de septiembre pasado, cuando varios de ellos fueron masacrados, a fin de aclarar verdadera y puntualmente a la población mexicana lo acontecido y las investigaciones realizadas en torno a tales hechos.
Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la misma Cámara, fundamentaron su petición en que diversos actores sociales han revelado diversos testimonios e indagatorias que ponen en entredicho la versión oficial.
A través del reportaje “Iguala: la historia no oficial”, firmado por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, y basado en testimonios, audios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales”, Proceso evidencia “que la agresión contra los normalistas fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal con la complicidad o franca colaboración del elementos del Ejército”.
Es más, de acuerdo con el reportaje, los hechos fueron conocidos en tiempo real por el gobierno federal desde que los normalistas salieron de Ayotzinapa hasta la primera agresión en que tres de ellos murieron y 43 más desaparecieron, pues eran “monitoreados” por agentes de las administraciones estatal y federal.
Así lo revela un informe del gobierno de Guerrero fechado en octubre, entregado a la Secretaría de Gobernación hace más de un mes y obtenido por Proceso.
Puntualmente, en este informe se “reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa hacia Iguala. A las 20:00 horas, elementos de la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21.22 horas, el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera, y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo”.
A pesar de que la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF desde el pasado 28 de septiembre informar si sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre, los registros de entrada y salida del personal de su base de operaciones y el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de septiembre, la PF no entregó esa información, según la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014.
El 4 de octubre, ante la presión política, el gobierno de Guerrero declinó su competencia y desde entonces la administración de Enrique Peña Nieto tiene el control de la investigación.
La versión oficial del gobierno federal es que la noche del 26 de septiembre policías de Iguala, en acato a órdenes del alcalde José Luis Abarca, con policías de Cocula atacaron a los estudiantes, mataron a tres y entregaron a 43 al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían asesinado e incinerado a éstos con el desconocimiento de soldados y agentes federales.
Sin embargo, otra versión indica que el ataque y desaparición de estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos, uno es integrante del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran del Comité de Orientación Política e Ideológica.
Por todo ello, además de pedir la información en su poder a los mencionados funcionarios y su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Muñoz Soria y Alavez Ruiz pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue cómo la PGR tomó las declaraciones a los presuntos testigos y denunciantes de los hechos.
Formalmente, ambos legisladores solicitaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados citar a los funcionarios a comparecencia, en tanto que a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le propusieron un punto de acuerdo para exhortarlos a hacer pública la información que tienen en sus manos y que no han revelado desde que tienen el control de la investigación.
