Alavez Ruiz calificó a esta iniciativa como privativa y represiva, porque atenta contra el espíritu reformador del Constituyente de 1917 y con consecuencias nefastas para los mexicanos.
La legisladora tildó esta medida como una excusa para intervenir en la vida interna de los municipios, porque sólo focaliza el problema y evade abordar lo que pasa en el resto de los órdenes de gobierno. “No es posible que intenten secuestrar municipios con este tipo de problemas y no ataquen lo que pasa en los gobiernos estatales y federal que también han sido infiltrados. Con este tipo de medidas lo único que demuestra la propuesta presidencial es un interés malsano de intervenir a los gobiernos municipales y dejarles el papel de meros administradores.
“A este gobierno le falta capacidad para atender y resolver un problema nacional que está costando mucho al país. No vemos iniciativas serias, sólo ocurrencias para tratar de acallar el malestar social que se extiende por todo el país”, dijo.
Insistió en que esta propuesta es peligrosa, porque deja a la interpretación de la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación la tarea de señalar qué municipios pueden ser intervenidos. Es decir, podrían aplicarlo con tintes políticos y desatar una cacería de brujas contra los gobiernos de oposición.
Explicó que la creación de un mando único de policía, como autoridad intermedia, está prohibida por la Constitución, atenta contra la autoridad municipal y su esfera de competencia en seguridad pública y lo convierte en un ente administrador y de servicios, supeditando la seguridad de los ciudadanos al régimen estatal. Es decir, violenta el Pacto Federal.
Calificó de inviables las reformas a los artículos constitucionales 46 y 76 y 119, porque en ninguno de los casos se otorgan facultades al secretario de Gobernación para solicitar al Senado de la República la intervención de un municipio; en todo caso, agregó, el único que podría hacerlo sería el titular del Ejecutivo Federal de acuerdo con el artículo 80 constitucional.
La iniciativa pretende convertir al Senado de la República en un tribunal especial, prohibido por la Constitución.
Si la intención de Peña Nieto fuera hacer justicia y ceñirse al mandato de la nación, debería apoyar la iniciativa de revocación de mandato, presentada por diputados de Izquierda Democrática Nacional, para que que presidentes municipales, síndicos, regidores, gobernadores, jefes de Gobierno y delegacionales y hasta el Presidente de la República se sometan al escrutinio del pueblo y éste decida si deben permanecer en puestos en los que los colocó el mandato popular.
