El documento fue avalado en lo general por 297 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones, tras rechazarse de manera gradual las reservas que presentaron 10 diputados de PAN, PRD y PT se aprobó en los términos del dictamen con 229 votos a favor, 63 en contra y nueve abstenciones, y se turna al Senado para su análisis.
Proviene de una iniciativa suscrita por los integrantes de la Comisión Especial para Indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, creada el 15 de febrero de 2013.
Es instancia legislativa impulsó los trabajos necesarios, para indagar el funcionamiento de las instancias federales relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, a fin de entregar un informe a la Cámara de Diputados y proponer las medidas legales, políticas o legislativas que se requieran.
En coordinación con la Secretaría de Gobernación construyó un proyecto para regular los juegos con apuestas y sorteos para que se realicen de manera responsable y segura, que garanticen los derechos de participantes, permisionarios y operadores y establezca las bases y límites para la autorización, control, vigilancia, inspección y sanción de las conductas en la materia.
El dictamen establece las disposiciones, requerimientos y limitantes para operar celebrar juegos con apuesta, como por ejemplo los juegos de cartas y máquinas tragamonedas, bajo ciertos estándares que brinden seguridad al participante.
El Estado asume el papel de rector en la materia, ejerciendo facultades de regulación, inspección, vigilancia y sanción, eliminando elementos de discrecionalidad.
Las nuevas reglas tienen como fin crear una industria más atractiva que pueda funcionar también como impulso al turismo y en consecuencia a la actividad económica de México.
La legislación mandata la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que sustituirá a la actual dirección general de Juegos y Sorteos.
El Instituto será la autoridad encargada de regular los juegos con apuestas y sorteos en México. En consecuencia, será quien determine a las personas a las que debe otorgarse un permiso para la realización de las actividades previstas en la Ley.
Asimismo, será quien se encargue de verificar que estas actividades se lleven a cabo de acuerdo con lo que disponga la normatividad en la materia y, en caso de que no sea así, aplicar las sanciones que correspondan.
La nueva Ley determina obligaciones para los permisionarios actuales, primordialmente para los de casinos, quienes deberán renovar sus permisos vigentes.
El dictamen destaca que los permisos que actualmente se encuentran en el mercado tienen como característica esencial que permiten la operación de más de un establecimiento.
Lo anterior “genera descontrol en la industria, ya que se desconoce con precisión cuántas licencias de establecimientos ha utilizado cada uno de los permisionarios, y cuántos están pendientes de ejercerse”.
Además, los permisos actuales, en algunos casos, no sujetan la autorización para abrir establecimientos al cumplimiento de los requisitos que, en términos de ley, deberían exigirse para abrir un establecimiento.
La nueva Ley contempla la obligación de todos los permisionarios de sustituir sus permisos actuales por los que sólo autoricen un establecimiento.
Los permisionarios podrán explotar esos permisos conforme a las condiciones que estipula la normatividad actual, pero si desean ofrecer nuevos juegos con apuesta al público, deberán cumplir con los mismos requisitos que la nueva Ley establece para el otorgamiento de un permiso.
De esta forma, refiere, se salvaguardan los derechos de los permisionarios actuales, a la vez que se les incentiva para actualizar su documentación y estar en aptitud de competir en un nuevo mercado.
La legislación refiere que los juegos y sorteos serán fuertemente regulados y estarán bajo un estricto control de la autoridad, por tanto, llevar a cabo estos eventos sin la autorización de la autoridad será ilegal y en consecuencia, fuertemente sancionado.
Para lograr el objetivo de combatir el juego ilegal se contará con el Instituto como órgano desconcentrado, el cual tendrá un cuerpo de inspectores que deberán contar con una certificación que asegurará sus capacidades para el desempeño de las funciones que les son encomendadas.
Asimismo, se propone dotar al Instituto de facultades que permitirán que vigile y controle el juego en el país con la mayor eficacia, tales como la posibilidad de clausurar establecimientos sin permisos o dictar fuertes sanciones que podrán ascender hasta los 200 mil salarios mínimos.
El documento señala que los juegos con apuesta y los sorteos son actividades que pueden dar origen a una adicción patológica: la ludopatía.
Para evitar este problema de salud, el proyecto indica que a los establecimientos sólo podrán ingresar mayores de 21 años, lo cual es concordante con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que el periodo entre los 18 y 20 años es el momento en que los adultos jóvenes determinan sus aficiones.
Asimismo, se mandata como obligación de los permisionarios y derechos de los participantes a ser informados sobre sus derechos y obligaciones, aplicar un control sistemático sobre los asistentes a los establecimientos y abstenerse de instalar cajeros automáticos.
Otro aspecto de la Ley es el relativo a la autorización de máquinas tragamonedas, que son definidas como todo dispositivo en el que se realiza una apuesta con la finalidad de obtener un premio.
Las máquinas tragamonedas sólo podrán instalarse en un establecimiento que cuente con el permiso correspondiente. Asimismo, menciona que donde se incumplan tales requisitos podrán ser aseguradas inmediatamente las máquinas.
