Quienes pensaron que con las 11 reformas estructurales que modificaron ya radicalmente el Sistema Político, Económico y Social de México el presidente Enrique Peña Nieto había terminado su ciclo de transformaciones, se equivocaron.
Ayer, y bajo el reconocimiento de que el país vive una severa crisis de seguridad y bajo los señalamientos de que “México no puede seguir así, no puede seguir esperando más, y de que es momento para construir y no para destruir… de que México debe cambiar”, en un nuevo lance de alcances insospechados que se basa en 10 propuestas concretas y audaces, el presidente Peña Nieto anunció que va por la transformación sustancial de la República.
Así, bajo la advertencia de que en este camino “no hay soluciones simples, ni caminos cortos”, el mandatario planteó una transformación que modificará a fondo la estructura y alcances administrativos y políticos del Municipio.
En este contexto desaparecerán las policías municipales y se crearán 32 cuerpos policiacos estatales con salarios suficientes y homologados, y una preparación profesional avalada por severos controles de confianza.
El anuncio de Peña Nieto incluye la creación de una cédula de identidad única para cada uno de los mexicanos, y el inicio de la operación del 911 como número telefónico único de emergencia en toda la república.
Se redefinirá, simplificará y eficientará el Sistema de Competencia Penal para procurar justicia más rápida y expedita y así combatir la impunidad. Y se creará un Comité Ciudadano para homologar todas las normas y leyes que definen y protegen los derechos humanos a fin de fortalecer estos en todo el país.
Se creará un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas así como un reglamento de la Ley General de Víctimas. Y finalmente se sustentará el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en beneficio de víctimas de secuestro.
En este punto el presidente Peña Nieto exhorto al Congreso a aprobar de una vez por todas el Sistema Nacional Contra la Corrupción.
Entre todos los anuncios hechos, está el del inicio de un operativo a fondo en todos los municipios de Tierra Caliente, que incluye los estados de Guerrero y Michoacán donde las fuerzas de seguridad peinarán prácticamente todo.
En términos generales lo anunciado ayer por Peña Nieto es la transformación más radical de la estructura política de la república a través de la transformación y acotamiento del poder municipal, el núcleo principal del gobierno más cercano a los ciudadanos.
Una transformación que requerirá de varias otras reformas constitucionales para, de entrada, prácticamente dejar como gerentes de piso a los 2,417 presidentes municipales que existen en el país, y de los cuales existen indicios de que el 65 por ciento está de alguna forma y nivel penetrado o bajo el poder del crimen organizado.
Estos alcaldes podrán ser intervenidos y sustituidos en sus funciones por el Gobierno Federal en caso de indicios de colusión con los criminales.
Con esta Ley Contrala Infiltración del Crimen Organizado en los Municipios de México se reduciría sustancialmente el poder de los criminales en el país.
Los primeros 4 estados bajo este modelo, adelantó Peña Nieto, serían: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, los estados más asediados por los criminales.
EL RESCATE DEL SURESTE
Pero el presidente Peña Nieto fue más allá.
Nos recordó que en los hechos y por incapacidades estatales, regionales y federales hoy existen dos Méxicos distintos.
“Uno. Inserto en la economía global, con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar.
“Y el otro lado, un México más pobre, con rezagos ancestrales que no han podido resolverse por generaciones.
“La desigualdad regional cada vez es mayor en los estados de la frontera Norte y del Bajío, respecto a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras que en los primeros su Producto Interno Bruto per cápita creció 40 por ciento en los últimos 20 años, en los segundos prácticamente no aumentó.
“Peor aún. Estas disparidades, lejos de reducirse, se están ampliando con el paso del tiempo. Como país, no podemos continuar por esa ruta de desigualdad y división, pensando que la única alternativa es la contención de la pobreza con medidas asistencialistas”.
Consideró que entrar al rescate del sureste mexicano es esencial para la vida del país porque justamente esta región requiere de una estrategia de desarrollo integral inmediata y de gran alcance, que requerirá de la solidaridad de todo el país con el México más necesitado.
Eso es necesario, agregó, porque la paz social también se construye con desarrollo, y corresponde a todos dar prioridad a la región que se está quedando atrás.
Hoy, dijo, la mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país, tienen su origen, precisamente, en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
“Para revertir esta situación, tan sólo en infraestructura, el Gobierno de la República está invirtiendo más de 195 mil millones de pesos en estas tres entidades del Sur.
“Estas inversiones incluyen importantes autopistas, como la Intercostera, que va de Michoacán hasta Puerto Chiapas; la Oaxaca a Salina Cruz, o la modernización de la Tuxtla Gutiérrez-Comitán-La Trinitaria.
“Igualmente, contempla infraestructura hospitalaria, como los hospitales generales de Coyuca de Catalán y Acapulco, en Guerrero; o el Hospital General del Seguro Social, en Tapachula, Chiapas.
“El Programa Nacional de Infraestructura también incluye proyectos estratégicos, como los gasoductos del Corredor Transítsmico, el de Salina Cruz a Tapachula, o el de Lázaro Cárdenas a Acapulco, que permitirá introducir el gas natural, por primera vez, a esta región del país.
“Sin embargo, las acciones en favor de estos tres estados del Sur no pueden limitarse a inversiones en infraestructura o en programas sociales. La gravedad del momento nos debe llevar a innovar y a proponer lo que nunca se ha intentado.
“Es necesario crear nuevos polos de desarrollo industrial en esta región, para crear empleos formales y bien renumerados. Por ello, por primera vez en nuestra historia, propongo que se establezcan tres zonas económicas especiales en la región más atrasada del país.
“Éstas serán: el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Pacífico con el Golfo de México; la segunda, en Puerto Chiapas; y la tercera, en los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de Michoacán, como de Guerrero.
“Una zona económica especial, es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer a empresas y generar empleos de calidad.
“Estas zonas especiales tendrán o deberán tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior, así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al INFONAVIT.
“Aunque nunca se ha hecho en México, la experiencia internacional confirma que las zonas económicas especiales son eficaces para atraer inversión nacional y extranjera, contratar servicios locales y aumentar la competitividad de las empresas”.
Para que todo ello se convierta en una realidad, precisó, se necesitará de la participación del sector privado y de un andamiaje legal especial y por ello en febrero del próximo año, enviará la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión.
En fin que el anuncio hecho ayer es quizá el de más hondo calado y más radical que ningún otro presidente de México haya hecho nunca antes. Un anuncio que de resultar cambiará no sólo la estructura territorial y política del país.
