En la década del sesenta la sociedad mexicana fue referida como la de “Los Dos Méxicos”, en donde contrastaban uno moderno, industrializado y urbano, beneficiario de las grandes obras de infraestructura y materializado en la creciente clase media. El otro, eminentemente rural, marginado, carente sobre todo de esos beneficios de la modernidad.
Lamentablemente, cinco décadas después es posible retomar esa caracterización con base en la conectividad. Ciertamente cada vez que la AMIPCI nos informa sobre el porcentaje de internautas en México, son buenas noticias, habiendo subido de niveles de veinte por ciento hasta los más recientes en la vecindad del cincuenta por ciento.
Sin embargo, eso implica que aproximadamente la mitad de los mexicanos cuentan con capacidades limitadas (dispositivo de acceso y conectividad) para la apropiación oportuna de contenidos culturales, educativos, productivos o bien de relacionamiento social.
Los dos Mexicos, los dos tipos de de mexicanos. Conectados y desconectados.
En efecto, la realidad es que aún una gran mayoría de la población (67.8 millones de mexicanos en 2013), no puede considerarse como usuario regular de Internet. Por ello el elemento aspiracional en nuestra Carta Magna es lograr que todos los mexicanos entremos a esa clasificación de ser ciudadanos digitales.
Una Política Pública Integral (PPI) para las Telecomunicaciones se puede describir como el conjunto de medidas articuladas de las instituciones, actuando directamente o a través de agentes, para la gestación de competencia efectiva y para compensar efectivamente las limitaciones de los mercados.
Esfuerzos derivados de la Reforma, del nuevo marco legal, de la Estrategia Digital Nacional (EDN), deben ser una suma de esfuerzos públicos y privados, de mercado y de política pública, para materializar dicha democratización del servicio de Internet y la adopción universal de las TIC entre la población. Así, se podría lograr que ese objetivo constitucional no sea un mero elemento aspiracional, sino un derecho cumplido a cabalidad.
A la par de favorecer la inclusión digital se promoverá la expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, aumentará la dotación de infraestructura en el país, pero sobre todo incrementará la productividad de la población y con ello, el desarrollo económico nacional.
Las herramientas ya están puestas sobre la mesa. Nuevamente se hace evidente que una Política Integral de Telecomunicaciones no puede, ni debe, estar desvinculada del resto del complejo económico. La bidireccionalidad de la relación es clara. Cerrar la brecha de pobreza y desarrollo contribuirá a cerrar la brecha digital en todas sus dimensiones y viceversa.
Así, la implementación de políticas de combate a la brecha digital y las reformas en el sector de telecomunicaciones, se consolidan como la apuesta para que las bondades de internet lleguen a todos, puesto que su acceso está ligado directamente a la productividad y desarrollo de las personas.
Con todo, es evidente que el sector de las telecomunicaciones posee el carácter dual de generar simultáneamente crecimiento y desarrollo económicos, es decir, desarrollo económico integral.
La apuesta es entonces para aprovechar al máximo este potencial económico de crecimiento y desarrollo.
El reto, lograrlo en un contexto de competencia efectiva para el aprovechamiento de nuestra población en pleno.
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