Exige PAN a gobierno federal blindar programas sociales y de combate a la pobreza

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Rivera Villanueva se pronunció por proteger las elecciones del 2015, por lo que pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, realizar campañas de prevención y difusión sobre el uso político y electoral de los programas sociales y de combate a la pobreza, y la constitución del delito que implica.

En un punto de acuerdo, el secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social señaló la necesidad de que el Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a las dependencias de la administración pública a realizar y difundir campañas de blindaje electoral de todos los programas que manejen.

En particular, los que fomenten el desarrollo económico de las familias mexicanas y combatan la pobreza en sus diferentes modalidades, así como diseñar los mecanismos que garanticen la limpieza de las elecciones de junio de 2015.

Destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización en el uso de los recursos públicos por parte del gobierno federal y “se comprometa a no usar con fines electorales los diferentes programas de las secretarías de Estado, a través de la puesta en marcha de programas eficaces de blindaje electoral”.

Rivera Villanueva precisó que el desarrollo social debe ser la prioridad en un México democrático, a fin de romper la brecha de desigualdad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual “es una de las más urgentes necesidades en políticas públicas”, ya que el 46.2 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4 padece pobreza extrema.

Por ello, la distribución de los apoyos en dinero, especie o en obras “no debe condicionarse a cambio del voto a favor de un candidato o partido político”, afirmó.

Rivera Villanueva, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, comentó que la más alta prioridad es garantizar que “ningún mexicano padezca hambre y que los apoyos gubernamentales lleguen sin condicionamientos a los ciudadanos que los requieren, sin el uso electoral de los programas sociales, sobre todo en las comunidades autóctonas”.