“Desde luego estaremos abiertos a escuchar, pero no a prestarnos a ser parte de un escenario pensado sólo para la foto; ello no es posible, eso en este momento huele a espectáculo, no es por ahí”, consideró el coordinador perredista.
“Nuestra decisión y mi opinión en lo personal, es que no es lo más sensato, prudente y correcto andar acompañando al Ejecutivo Federal en iniciativas que inmediatamente pierden legitimidad por todos los escándalos y pérdida de credibilidad en los que el propio Peña Nieto ha caído”, opinó.
“Asuntos como el de la Casa Blanca, la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, y la insensibilidad y manipulación que ha hecho el Presidente de diferentes cosas no ayudan en nada a construir acuerdos”, acotó.
Desde el punto de vista del legislador federal lo que se requiere de manera urgente es una reforma del Estado en general, pero en lo particular en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y este diseño de un nuevo entramado institucional debería estar listo a principios de febrero para tener la oportunidad de aprobarlo el próximo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura.
“La complejidad del problema demanda una respuesta de Estado y la única forma de legitimar esta decisión es involucrando a la sociedad civil, a sus organizaciones y personalidades que cuenten con el propio respaldo ciudadano”, precisó.
“Hay que fomentar la participación de instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) u otros que permitan organizar un equipo en el que rápidamente tengas, al mismo tiempo que integrada una comisión y bases para un acuerdo nacional, un mecanismo para redactar una propuesta concreta”, propuso.
No hay, en mi opinión, otra alternativa para este tipo de reformas, no pueden ser por decreto, se tienen que propiciar cambios que rediseñen las instituciones que hoy existen en el rubro de seguridad”, argumentó.
En consideración de Alonso Raya, las modificaciones implicarían, entre otras medidas, quitarle la responsabilidad de la política pública de seguridad a la Secretaría de Gobernación y proponer la creación de una secretaría en este sector o considerar otra alternativa; y también revalorar el papel en la materia del Poder Judicial de la Federación y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura.
