Durante el conversatorio “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Avances y Desafíos a 7 Años de su Entrada en Vigor”, legisladoras y ponentes cuestionaron la falta de órdenes de protección a víctimas y su tardía tramitación, lo cual, expresaron, ha incrementado las agresiones. Hay impunidad, sostuvieron, a causa de la corrupción.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena, explicó que el propósito de este evento es “escuchar las propuestas de organismos civiles y ciudadanos, conjuntarlas y hacer una iniciativa de reforma que haga perfectible esta ley”.
“No podemos hacer nada si no consultamos a la sociedad”, subrayó la legisladora.
Mencionó que cuando se discutía esta ley antes de su aprobación, los diversos detractores argumentaban que violentaba las garantías de los agresores, pero a pesar de ello se logró aprobar y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007.
“Estamos a la expectativa de si vamos bien o nos detenemos en los cambios que estamos preparando, pero con sus reflexiones veremos cómo podemos avanzar en una reforma integral”, apuntó.
La diputada María del Rocío García Olmedo (PRI), secretaria de la comisión, resaltó la necesidad de reformar la actual ley y comenzar la revisión de las alertas de género de todo el país, debido a que se han presentado diversas dificultades para su emisión.
“Un elemento que es básico, y que requerimos poner el dedo en la llaga, es la armonización de todas estas normativas en las leyes de las entidades federativas”, agregó.
Afirmó que la participación y propuestas de la sociedad civil, así como de instituciones y organismos, son fundamentales en las modificaciones del actual marco legal.
La diputada María de las Nieves García Fernández, quien inauguró el evento, acusó que la misoginia y el sexismo se siguen dando dentro de las propias familias.
Además, continuó, “todavía hay grandes inequidades en las entidades federativas y no es por la falta de desarrollo, sino por la escasa voluntad política de sus gobernantes. Es un cambio de cultura que tenemos que hacer”.
Añadió que las consecuencias por la violencia de género no sólo afectan a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto.
“No sólo con leyes se producen los cambios, sino con una educación integral”, declaró.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, alertó que la órdenes de protección a víctimas de violencia son tardías e inaccesibles en muchos casos. “En lo que la dictan, ya se consumó la agresión en contra de la mujer”.
Añadió que las políticas contra hombres violentos no son efectivas. “No se debe sacar a la mujer del entorno donde hubo violencia, sino expulsar al agresor”.
No obstante, consideró que esta normatividad ha sido fundamental para garantizar la vida y seguridad de las mujeres. “Ha hecho visible la violencia en que han vivido”; a pesar de esto, dijo, “aún hay resistencias para su ejecución y aplicación”.
Pidió no usar el tema de lucha contra la violencia hacia la mujer para buscar la legitimidad política.
La Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, Nelly Montealegre Díaz, explicó que debido a que esta ley general no se empató con el Código Penal, ni con el Código de Procedimientos Penales, no se pudieron emitir medidas de protección a mujeres víctimas de violencia.
“Cuando teníamos a nivel federal la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde teníamos mencionadas las órdenes de protección, no se podían aplicar porque no se hizo supletoria a la norma”.
Precisó que a causa de esta falta de supletoriedad, el Poder Judicial de la Federación, mediante vía de amparo, dejaba sin efecto las medidas de protección.
La directora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, Mayela García Ramírez, dijo que es necesario un registro de la aceptación y negación de solicitudes de órdenes de protección.
“Debemos ampliar las órdenes de protección a otros ámbitos y no sólo a la violencia familiar o de pareja; (las indagatorias) deben ser de oficio”, enfatizó.
Del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio, Yuridia Rodríguez Estrada, informó que de 58 mil casos de violencia de género, en 16 estados, sólo al 7 por ciento se le otorgó órdenes de protección, pero no pasaban de ser apercibimientos a victimarios”.
Expresó que los gobiernos toman como golpes políticos las denuncias por desapariciones de niñas y jóvenes, mientras “la falta de órdenes de protección ha ocasionado la muerte de mujeres”.
La presidenta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, propuso redefinir el concepto de violencia familiar. “Muchas veces queda acotada hacia la pareja, el esposo o el concubino, pero se deja afuera al tío, al abuelo o al primo”.
La especialista en Estadística y Políticas de Igualdad de Género de ONU Mujeres, María de la Paz López Barajas, destacó que nuestro país no cuenta con registros exactos para conocer el número de feminicidios que se cometen.
“Sin órdenes de protección en lo concreto, tampoco hay un registro de ellas”, enfatizó.
Abundó que para la implementación adecuada de la ley es necesario un sistema de información que permita diagnosticar de manera local lo que ocurre y asignar los recursos necesarios.
La directora de Vereda Themis, Julia Pérez Cervera, aseguró que se necesita un sistema de rehabilitación de victimarios en donde haya mecanismos para que esas personas asistan a terapia después de su trabajo y convivan con personal especializado.
Esto, subrayó, sería más barato para el Estado que los refugios para las mujeres que, dijo, no resuelven el problema porque siguen estando en riesgo.
La directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, sugirió “bombardear al país” con la idea de que la violencia no es algo natural ni tolerable.
“Urgimos de una detección oportuna de la violencia y no sólo capacitar a las autoridades y jueces”, concluyó.
