La semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el inicio de la investigación por la ocurrencia de prácticas monopólicas en los mercados de distribución y comercialización de recargas electrónicas de tiempo aire móvil. Ello en razón de “presuntos actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones”, con el fin de desplazar a competidores, acaparar mercado o establecer ventajas para uno o varios jugadores de este importante mercado.
El mercado de recargas electrónicas no es tema menor, puesto que a mediados del año en curso en México, 87.3 millones de usuarios (85% del total) son usuarios de prepago (el 15% restante de postpago o contrato) que utilizan el ‘abono de saldo’ para sus consumos de servicios de voz, mensajes cortos y datos móviles.
Es un mercado que alcanzó un valor de 153,686 millones de pesos en 2013, cúmulo de recursos que representan poco menos de 36% de los ingresos generados en el sector para ese año. Entre los prepagos, 86% prefiere la recarga electrónica como medio de abono de tiempo aire, ponderación muy por encima de las fichas de crédito y el traspaso de saldo que contabilizan en conjunto el 14% restante.
No obstante, al igual que el mercado total de telecomunicaciones móviles, este segmento específico padece de una elevada concentración a favor de un operador que controla más del 70% de las líneas de prepago.
Si bien en el comunicado, el IFT se reserva el nombre de los agentes específicos sobre quienes versa la investigación, es razonable anticipar que se trate del Agente Económico Preponderante, América Móvil-Telcel. Existen abundantes precedentes de ese operador haciendo uso de su elevado poder de mercado, por ejemplo en términos de influenciar la fijación de precios por arriba del nivel de mercado en competencia y también en asegurar su exclusividad en la oferta de equipos móviles.
En este caso en investigación y de acuerdo con el comunicado, estas prácticas podrían consistir en el otorgamiento de descuentos o incentivos a los vendedores de recargas electrónicas con el objetivo de frenar la comercialización de los bienes o servicios de otros competidores. Así también, aquellas dirigidas a incrementar los costos, obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan sus competidores en el mercado.
Con la puesta en marcha de esta investigación, el IFT nuevamente pone en ejercicio su facultad como órgano dual del sector convergente, a la vez de competencia económica en Telecomunicaciones. Como tal, busca así compensar estas imperfecciones del mercado, así como castigar la presencia de prácticas perjudiciales al libre desarrollo de los mercados, y consecuentemente eliminar y prevenir su eventual incidencia.
Sin duda, la ejecución de este procedimiento abona a las medidas asimétricas de preponderancia y a la investigación de poder sustancial en mercados relevantes, que tienen como objetivo primordial la generación de un entorno de competencia efectiva benéfico para oferentes y consumidores.
De la identificación de los actos prohibidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económico y la aplicación oportuna de la herramienta regulatoria pro-competencia, dependerá que la gran mayoría de los usuarios de telecomunicaciones móviles puedan acceder en condiciones competitivas y similares a la oferta de servicios de todos los competidores en el mercado.
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