Luego de la caída de Ángel Aguirre Rivero y el ingreso del académico Rogelio Ortega Martínez como su relevo en la gubernatura de Guerrero, México despertó hoy con un ineludible reto sobre la mesa nacional: saber cuántos presidentes municipales y gobernadores más están coludidos con el crimen organizado.
Esta exigencia social y de gobernabilidad surge del absurdo y terrífico caso del asesinato y secuestro de los normalistas de Ayotzinapa por parte de policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero.
Estos resultaron estar junto con su acalde al servicio del cartel local Guerreros Unidos –una escisión del grupo de los Beltrán Leyva-, que ya cobró la caída del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Lo que se sabe hoy del caso iguala es sencilla y aterradoramente simple: un grupo no cuantificado de normalistas se traslada hace un mes de Ayotzinapa a Iguala para presumiblemente protestar contra Ángeles Pineda, esposa del alcalde perredista José Luis Abarca, quien rendiría su segundo informe anual como presidente del Sistema DIF.
El evento, dicen, serviría para “destapar” su candidatura como sucesora de su marido en la presidencia municipal de Iguala.
Enterada de la intención de los estudiantes, la señora ordenó al marido: “páralos y dales un escarmiento”. Él trasladó la orden a su jefe policiaco y este la comunicó al jefe local de los Guerreros Unidos, quien pidió que los policías de Iguala y la vecina Cocula detuvieran a los normalistas y se los entregaran.
Así se hizo y hoy existe la extendida percepción de que los 43 jóvenes desaparecidos fueron asesinados.
Los hechos desvelan claramente lo que piensan los grupos delincuenciales y sus jefes locales respecto de su grado de impunidad. Creen que pueden hacer cualquier cosa, matar a quiénes y cuántos quieran sin ser tocados.
En las últimas semanas el reclamo por la aparición de los 43 estudiantes secuestrados salió de Guerrero y se convirtió en un motivo de preocupación nacional y ahora ya es un factor de fuerte daño a la imagen internacional de México.
La investigación del caso ha dejado al descubierto la vinculación de toda la familia de la esposa del acalde con los Beltrán Leyva.
A su vez la cercanía del matrimonio Abarca-Pineda con el gobernador Aguirre y la clase en el poder estatal, inhabilitó a todos los políticos y miembros del gabinete del gobernador saliente para sucederlo.
Así fue que a una sugerencia salida de Los Pinos, la dirigencia nacional del PRD encabezada por Carlos Navarrete haya a su vez promovido la nominación del secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como sustituto de Aguirre.
Es decir, la aplicación del método del checo Václav Havel, es decir, optar por un académico totalmente ajeno a partidos y a poderes sobre los que deberá gobernar.
Ya hace unos meses se aplicó en Michoacán con el doctor en filosofía y rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero a la salida del gobernador priísta Félix Vallejo, y ahora se aplica de nuevo el método con Ortega Martínez para sustituir a Aguirre.
Nacido en Taxco, Ortega Martínez es egresado de la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma de Guerrero, con una especialidad en Historia y un doctorado en en Ciencias Políticas y Sociología (con grado de sobresaliente Cum Lauden), por la Universidad Complutense de Madrid y además una maestría en Estudios Iberoamericanos, por esa misma institución española.
Es decir, nadie puede alegar que surgió de una componenda entre factores o poderes partidarios o políticos.
La tarea que tiene enfrente es más que peliaguda: primero regresar el caso de los estudiantes desaparecidos al ámbito de Guerrero para luego investigar su paradero y finalmente dar a conocer qué pasó con ellos.
A de aquí a octubre del próximo año en que deberá dejar el poder, indagar qué otros acaldes y grupos policiales dentro del estado, están coludidos con la delincuencia.
En este tránsito y plazo, también deberá revelar si Aguirre Rivero estaba involucrado con el narco como ocurre con sus amigos el exalcalde Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, y si es así, iniciarle juicio penal dentro de este estado.
Si se miden los grados de responsabilidad, el gobernador sustituto de Guerrero tiene una tarea muchísimo mayor que el de Michoacán, porque en este otro estado está el Comisionado Especial Alfredo Castillo con quien comparte decisiones.
NO LE SAQUEN
En este contexto, quien salió ayer a exigir que los políticos cercanos al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, no lo abandonen, fue el coordinador de los diputados federales del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, el sonorense Manlio Fabio Beltrones.
Y es que ayer, en su mitin en el Zócalo capitalino, el creador y dueño del Partido Morena, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador intentó desconocer su relación con el exalcalde José Luis Abarca.
Lo hizo a pesar de que hay fotos abrazado al expresidente municipal, y a que se ha reconocido que Abarca fue propuesto y apoyado por el exsecretario de Salud, de Guerrero, Lázaro Mazón, quien a su vez era funcionario como una concesión del gobernador Ángel Aguirre a López Obrador.
Hay testimonios que advierten que AMLO fue informado desde hace al menos 2 años que Abarca estaba involucrado en el narco. El entonces candidato presidencial del PRD ignoró la denuncia y decidió apoyar a Abarca en la alcaldía de Iguala.
Beltrones indicó ayer que de nada vale que AMLO intente deslindarse de Abarca y así eludir su responsabilidad de haber apoyado al acalde.
“Recibió el apoyo de políticos que fueron advertidos en su momento sobre tales nexos y aun así lo respaldaron; ahora callan o, peor aún, culpan a otros y buscan engañar y eludir su propia responsabilidad política, lo cual los hace cómplices o tapaderas de delincuentes. Esa no es una conducta ética y es lo que la sociedad reprueba”, indica el sonorense.
A su vez el líder nacional del PRI, César Camacho convocó a AMLO a través de su cuenta de Twitter, a explicar por qué apoyó a Abarca, aun cuando sabía de sus nexos con el crimen organizado.
AMLO “ha incumplido su obligación cívica de denunciar un delito, y peor si lo encubrió”, dice en su mensaje.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Dentro del esquema legislativo, Manlio Fabio Beltrones indico que el Sistema Nacional Anticorrupción que surgirá de la iniciativa presentada hace ya dos años por el presidente Enrique Peña Nieto y de las propuestas de otras fuerza, como la del PAN de hace una semana, construirán nuevas instituciones y nuevas leyes a fin de responder a los reclamos de la sociedad.
Adelantó que el trabajo legislativo es hoy alcanzar los mayores consensos alrededor de este nuevo sistema.
Beltrones recordó que la primera iniciativa impulsada por Enrique Peña Nieto, surgió cuando todavía era presidente electo y lo hizo a través del grupo priista en el Senado y fue para crear una Comisión Nacional Anticorrupción con amplias facultades y autonomía.
Esta Comisión podría investigar a funcionarios de todos los órdenes de gobierno, desde el Ejecutivo Federal y su gabinete legal y ampliado, hasta los gobernadores, alcaldes y cabildos, delegados capitalinos, Jefe de Gobierno del DF, jueces y magistrados de la Suprema Corte y de todos los tribunales, diputados federales y locales y senadores.
Hoy la propuesta de Peña Nieto se va a fundir con otras de otras fuerzas para crear un “Sistema Nacional Anticorrupción”, indicó Beltrones.
