El salario mínimo se ha deteriorado hasta un 75 por ciento de su poder adquisitivo, pero para incrementarlo de manera responsable sin generar inflación ha de desvincularse antes de multas, tarifas, cuotas, becas, contribuciones, pagos, entre otros.
La primera iniciativa de ley tiene por objeto crear la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCDMX), cuya función inicial es sustituir al salario mínimo en la determinación de sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia previstos en las normas vigentes en el DF, así como estimar los recursos presupuestales dirigidos a la ejecución de los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Para ello, las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y demás tomarán las medidas necesarias para la sustitución en el ámbito administrativo.
La entrada en vigor de la Ley será de 60 días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, a fin de permitir la adecuación de los sistemas electrónicos, mecanismos y procesos para la aplicación de la nueva unidad de cuenta.
Su valor inicial será de 67.29 pesos -monto actual del salario mínimo vigente en la CDMX- y se actualizará con base en la inflación proyectada por el Banco de México para el año siguiente.
De esta manera se garantiza la estabilidad en los precios del DF al pagarse el mismo monto en multas, tarifas, contribuciones, sanciones y demás. El cambio consiste exclusivamente en liberar el concepto del salario mínimo para que en diciembre pueda iniciar una trayectoria de recuperación.
En tanto el Congreso de la Unión no emita la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano aplicable a todo el territorio nacional, la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México será actualizada en la Ley de Ingresos del Distrito Federal o bien en el artículo 18 del Código Fiscal del Distrito Federal.
La aprobación de la segunda iniciativa es el siguiente paso: introducir el concepto de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México en todos los códigos y leyes locales y en sus artículos correspondientes, con el fin de dotar a la desindización de certeza jurídica.
El análisis de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) estimó en 180 los artículos a reformar, correspondientes a cuatro códigos y 50 leyes; una vez aprobados por la ALDF, deberán modificarse 101 artículos correspondientes a otros 33 reglamentos.
Las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, entre otras, no están consideradas en la iniciativa porque sus disposiciones en materia de sanciones y multas remiten a los ordenamientos de responsabilidades administrativas.
