El documento, avalado por unanimidad, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, protección y promoción de los derechos humanos de la infancia, establecidos en la Constitución Política, así como los contenidos en tratados internacionales.
Crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece los principios rectores que orientarán la política nacional en favor de este sector poblacional, así como la coordinación que debe existir entre el Gobierno federal, los gobiernos estatales, el Distrito Federal, municipios y delegaciones del D.F.
Incluye un catálogo de derechos con los que contarán los menores, como los de vivir en familia, a la igualdad, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia, a la salud y seguridad social, a la integración de menores de edad que padecen alguna discapacidad, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la asociación y a la seguridad jurídica, entre otros.
De igual forma, contempla el derecho de los niños migrantes que transiten, solos o acompañados, por el territorio nacional; las obligaciones de las autoridades, quiénes deben proporcionar el derecho a la salud y la protección y, en caso de ser necesario, facilitar un traductor a los infantes que hablen algún dialecto o lengua indígena o algún otro.
Además, instituye una serie de obligaciones a quienes ejercen la patria potestad; expresa que a falta de quien ejerza ésta, la representación corresponderá a las distintas procuradurías de protección que estarán a cargo.
El dictamen, que contó con la opinión favorable de las comisiones de Igualdad de Género y de Atención a Grupos Vulnerables, contiene los aspectos básicos para la operación de los centros de asistencia social, públicos y privados para que cuenten con una infraestructura adecuada. Instaura, igualmente, el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, que deberán también dar servicio a niños con discapacidad y contar con los espacios e instalaciones idóneas para ello.
Las evaluaciones estarán a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para conocer la aplicación y efectividad de los programas nacionales, estatales y municipales; en caso de que éstas no sean las adecuadas, emitirá las recomendaciones pertinentes.
Añade la prohibición del matrimonio antes de los 18 años y considera medidas para evitar el embarazo en adolescentes.
Al respecto, Juárez Piña afirmó que “sin lugar a dudas hoy estaremos ante una nueva forma de ver a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos”.
“El beneficio será para la niñez de México, la cual representa un tercio de la población y con quienes desde hace muchos años estamos en deuda”, sostuvo.
No obstante, señaló que una vez aprobado en el Pleno, el principal desafío será garantizar el ejercicio de los derechos con los que contará la infancia en México.
“Nos encontramos con distintos retos; por una parte, el presupuesto, en donde el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que hay 291.3 millones de pesos para la puesta en marcha de la ley”, expresó.
La diputada del PRI, Marina Garay Cabada, destacó el enorme avance que se logra con esta nueva ley; sin embargo, dijo que hay incongruencias en lo que refiere a la libertad de expresiones de niños, niñas y adolescentes.
La diputada María del Rosario Merlín García (PRD) dijo que este es un proyecto que puede y debe perfeccionarse. “Las propuestas que se tengan que integrar serán abrazadas porque todas son para bien de las niñas y los niños”, anunció.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza resaltó que “este trabajo se verá reflejado en mejores condiciones para los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país”.
Planteó reforzar y garantizar la educación laica y establecer el acceso a los derechos de las tecnologías de información y educación.
Por el PAN, la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena indicó que este dictamen ha levantado grandes esperanzas para que se avance en propuestas que otorguen derechos a la niñez mexicana. “Muchos legisladores son padres y madres; lo que aprobemos, repercutirá en la vida de muchas personas, no sólo de niñas y niños”.
En su turno, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) aseguró que este proyecto de Ley aun contiene elementos proteccionistas y no se avanza de forma completa en el derecho positivo; sin embargo, reconoció, “se está dando un paso, por pequeño que sea”.
La diputada presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Adriana Hernández Iñiguez (PRI), apuntó que aunque están de acuerdo con este dictamen, aún hay preocupación por garantizar que se respete la libertad de expresión de los menores.
Reconoció que “en este texto hay gran coincidencia de los grupos parlamentarios con las organizaciones de la sociedad civil”.
La diputada Flor Ayala Robles Linares (PRI) resaltó la labor de la Comisión para finalizar una ley “que tanto añorábamos”.
La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (PAN) declaró que será “un instrumento que marcará un antes y después en los derechos de la niñez”; no obstante, anunció, trabajarán en propuestas de modificaciones para mejorar ese marco legal.
Las reservas que sean presentadas serán discutidas y votadas en el Pleno del Salón de Sesiones.
