El caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables debido, entre otros, a la “falta de conocimiento sobre el paradero o destino de los 43 estudiantes… a pesar de las denuncias interpuestas” por sus familiares, consideró la CIDH.
A la luz de los graves hechos de violaciones a derechos humanos cometidas la semana pasada en Iguala, mismos que, en palabras de la CIDH, colocan a los estudiantes en riesgo de daños que constituyen “la máxima situación de irreparabilidad” al tratarse de desapariciones y posible privación de la vida y la integridad física, la Comisión requirió al Estado que implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, y que informe a la Comisión Interamericana de las medidas adoptadas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”.
Con esto, agregó, el Estado mexicano – en sus tres niveles de gobierno – se obliga a invertir todos sus esfuerzos con base a sus capacidades técnicas, presupuestales y periciales, en la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos asegurando que sus acciones no sean infructuosas o de antemano no estén destinadas a su fracaso como ha sucedido hasta el día de hoy.
“En el supuesto de que no den con su paradero en vida de manera inmediata, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de desaparición forzada”, indicó.
