Por su parte, los funcionarios públicos, si bien reconocieron la funcionalidad de la Ley Federal de Responsabilidades Ambientales, instaron al Congreso de la Unión para dotar a esta normatividad y otras similares de “más dientes”, para evitar que las compañías que dañen el ecosistema permanezcan impunes.
Asimismo, legisladores de distintas fracciones parlamentarias se manifestaron en contra del fracking, que se empleará para extraer gas shale e implicaría riesgos al ecosistema, y de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues, denunciaron, afectaría sensiblemente a la flora y fauna del oriente del Estado de México.
Al abrir la ronda de preguntas y respuestas, las diputadas Minerva Castillo Rodríguez y Pilar Moreno Montoya (PRI) coincidieron en que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental posiciona a México en la vanguardia de ordenamientos contra el daño ecológico. A más de un año de su entrada en vigor, cuestionaron qué acciones ha realizado la Profepa para su correcta aplicación.
La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez (PRI) dijo que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México será detonante de desarrollo económico y turístico, sin dañar al medio ambiente. “Se trata de tierras salinas que no servirían para sembrar, y sí para la generación de fuentes de empleo”.
La diputada Adriana Hernández Iñiguez (PRI) agregó que la obra resolverá problemas de las familias de la zona, ya que impulsará negocios y empleos verdes, ofrecerá un bosque metropolitano y, con ello, actividades de desarrollo ambiental.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) destacó que en el Plan Nacional de Desarrollo el tema del cambio climático no se reconoce como un eje transversal. Asimismo, cuestionó ¿qué medidas adoptará la Semarnat para que el desarrollo de México sea de bajo carbono? Pareciera que la apuesta es pasar del uso del petróleo al gas natural como una fuente de energía limpia, expuso.
En tanto, el diputado Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) pidió conocer la importancia que para el Ejecutivo federal tiene el Fondo de Cambio Climático, medido en recursos depositados. Por otra parte, aclaró que su fracción parlamentaria no se opone a la construcción del nuevo aeropuerto; sin embargo, espera que esto se haga en orden y con respeto al medio ambiente.
Su correligionaria, diputada Eufrosina Cruz Mendoza condenó que el gobierno Federal invierta cantidades considerables a la construcción proyectos como el aeropuerto referido, pero no destine montos similares para infraestructura en las comunidades indígenas de México.
Graciela Saldaña Fraire (PRD) comentó en torno al daño ambiental en Sonora y preguntó ¿por qué no se decretó una contingencia ambiental en Cananea y no se advirtió a la población de los riesgos a su salud por haber estado expuestos a la contaminación? También, ¿por qué se emplea a la ciudadanía en las medidas de limpieza sin la protección adecuada y sin contar con un seguro de gastos médicos?
Preguntó si la Semarnat y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector Hidrocarburos tendrán las mismas funciones.
También del PRD, los legisladores José Luis Esquivel Zalpa y Javier Orihuela García, señalaron que Profepa ha sido protector de empresas y no del medio ambiente, y detallaron casos en varios estados donde las actividades de extracción de recursos naturales han afectado el ecosistema.
En su turno, la diputada Gabriela Medrano Galindo (PVEM) solicitó conocer los mecanismos que llevará a cabo la Semarnat para la rehabilitación ambiental del ex vaso del Lago de Texcoco por la construcción del nuevo aeropuerto y cuáles serán los beneficios para la sociedad.
Por su parte, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Verde Ecologista, se pronunció por agendar reuniones con la Semarnat para analizar los temas de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y el fracking. Además, propuso crear grupos de trabajo entre el Legislativo y el Ejecutivo para estudiar cómo fortalecer las leyes que cuidan el medio ambiente.
“Precisamos un ejercicio práctico que nos permita decir qué es lo que funciona y lo que hay que cambiar para que, entonces, se tenga una ley funcional, y desde el Congreso se fortalezca la actuación de los legisldores”, abundó.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (MC) solicitó conocer el porcentaje que se invierte en biodiversidad y cuál es el promedio internacional, además saber qué acciones implementa la Semarnat para reducir la deforestación, ya que, expresó, México ha perdido el 50 por ciento de sus ecosistemas naturales, lo que implica la desaparición de zonas de descanso para especies migratorias como la mariposa monarca.
Su correligionaria, la legisladora Martha Beatriz Córdova Bernal calificó de risibles las multas aplicadas a Grupo México por la contaminación de dos ríos en Sonora. Tales penalizaciones, aclaró, suman 57.3 millones de pesos, cantidad que representa el 0.97 de los cinco mil 900 millones de pesos de ganancias que la compañía obtuvo en el segundo trimestre de este año.
“La economía está por encima de los derechos ambientales, no importa acabar con el medio ambiente, lo que importa es generar y ganar dinero”, acusó.
Por el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil planteó si existe un diagnóstico “real” sobre el impacto ambiental que provocó el derrame de los ríos Sonora y Bacanuchi, y si Semarnat determinó un análisis sobre el resarcimiento del daño o el monto que tendría que pagar la empresa a los ciudadanos por tal afectación. “Ustedes hablan de un fideicomiso por 2 mil millones de pesos, pero no nos queda claro cuánto se dará y sobre qué”, apuntó.
En tanto, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (NA) inquirió, con base en las oportunidades de la reforma energética, ¿qué estrategias y acciones implementará la Semarnat para impulsar la integración efectiva del uso de energías renovables y tecnologías limpias? ¿Se ha considerado desde el gobierno federal un replanteamiento de la figura de Área Natural Protegida?
La también diputada por Nueva Alianza, Cristina Olvera Barrios, sostuvo que, tomando en cuenta las sanciones impuestas a la minare por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, “lejos de ser un motivo para desincentivar violaciones a la ley, las multas se han convertido en una mera ecuación financiera”, ya que es más barato pagar los montos que respetar las normas medio ambientales.
Solicitó informar si la Semarnat cuenta con una estrategia para lograr que las multas se conviertan en un freno real para detener las conductas negativas y evitar que se convierta en un “negocio lucrativo” pasar por alto las leyes.
Legislación con penas más fuertes
En respuesta a los cuestionamientos, Guerra Abud reiteró que “bajo ninguna circunstancia se va a tolerar que haya crecimiento económico a costa de dañar irracionalmente, o que no haya beneficio, al medio ambiente”.
Para endurecer las penas,“el apoyo que el Congreso nos pueda dar, será fundamental. Está en manos de ustedes que nos ayuden a contar con leyes mucho más severas y que le den a la autoridad la facultad de imponer directamente las sanciones sin necesidad de incurrir en procesos judiciales que llevan mucho tiempo y difíciles concretar”, dijo.
Ambos funcionarios consideraron que no obstante su importancia, a la Ley Federal de Responsabilidades Ambientales “le faltan dientes”, porque una multa de 40 millones de pesos por un derrame como el ocurrido en Sonora, es una sanción muy pequeña. “Estamos convencidos que esta legislación debe tener dientes más afilados y generar penas más fuertes”, señaló el titular de la Semarnat.
Destacó que la Ley ayudó en mucho durante el percance en los ríos de Sonora. “Fue gracias a este reglamento que el gobierno federal exigió a la empresa crear un fideicomiso” y defendió que el Estado no negoció con la minera. “La ley no se negocia, se impone”, expresó
En cuanto al fideicomiso por las afectaciones del derrame, aseguró que este es “ilimitado”, ya que suministrará la cantidad necesaria para resarcir cada daño ambiental y social. Informó que las asignaciones o el programa de gastos que presenta dicho fideicomiso alcanza los 522 millones de pesos.
En otros temas, afirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos va a garantizar que en México se apliquen las mejores prácticas mundiales en la explotación de estos energéticos, entre ellas la fractura hidráulica.
De este punto, dijo que las instancias del gobierno federal se asegurarán de que el fracking disponga de agua sólo si hay disponibilidad. “Bajo ninguna circunstancia se va quitar el recurso hídrico a costa de la población o actividades agropecuarias. En todos los casos se fomentará el uso de agua tratada, cuando no haya oferta, y se garantizará que los químicos empleados sean del conocimiento de la agencia, sin dejar lugar a los secretos tecnológicos”.
“Lo que buscamos hoy no es facilitar o no la fractura hidráulica, sino garantizar que se tenga gas natural bajo condiciones ambientales y de seguridad industrial más favorables”, añadió.
Refirió que varios países han prohibido el fracking porque no necesitan esta técnica para extraer energéticos, como Alemania, al ser un país que genera energías renovables, o Francia que emplea energía nuclear.
El funcionario destacó que la molécula más limpia de los hidrocarburos es el gas natural y no hay una sola economía en el mundo que no dependa de ellos. México va a seguir dependiendo de esta energía y nuestra responsabilidad, tanto de la Semarnat como del Congreso, será garantizar que el proceso para obtener este tipo de energía sea el más eficiente posible.
Aseguró que el gran beneficiado de la reforma energética deberá seguir siendo el medio ambiente. Si solamente generamos electricidad con gas natural, vamos a reducir la emisión de cerca de 100 millones de toneladas de CO2, de efecto invernadero.
Rechazó que vaya a existir una duplicidad en las funciones de la Semarnat y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector Hidrocarburos.
La agencia, dijo, cumplirá con una función social, económica, ambiental y de seguridad. “Será el instrumento que permitirá que las inversiones en materia de hidrocarburos cumplan con las mejores prácticas mundiales de cuidado de medio ambiente y seguridad”.
Del nuevo aeropuerto, subrayó que su construcción se dará con base en la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Asimismo, aclaró que existen propuestas para invitar a especialistas, académicos y organizaciones ambientales que ayuden a fortalecer el proyecto, pues hay estándares internacionales que se deben de cumplir.
Guerra Abud precisó que la obra será la primera en el mundo en obtener la certificación internacional LEED platino, Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental; tendrá cero huella de carbono; el consumo de energía disminuirá en un 40 por ciento y la demanda de agua potable se reducirá en un 50 por ciento respecto a lo que se consume actualmente en el aeropuerto.
Explicó que México es el único país en el mundo, en el hemisferio norte, donde los huracanes pueden llegar por el Atlántico y por el Pacifico, algo que nos hace particularmente vulnerables. Por ello, coincidió en el importante papel que nuestro país debe asumir a nivel internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Respecto al uso de energías renovables y tecnologías limpias, Guerra Abud dijo que la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero es la producción de energéticos y su consumo, por lo que es indispensable contar con energías limpieas; el problema, continuó, es que esto se tiene que dar bajo condiciones de mercado, ya que al año los costos para generarla van a la baja.
Destacó que si se logrará generar electricidad con energía natural se reducirían 86 millones de toneladas de Bióxido de Carbono al año; 100 por ciento de bióxido de azufre y 99 por ciento de partículas que dañan la salud.
Por su parte, el titular de Profepa, Guillermo Haro Bélchez, reconoció que esta instancia no ha emitido ninguna sanción económica a la empresa en virtud de que apenas se han iniciado los procesos administrativos. El tope de multa que Profepa aplicaría a Grupo México por el accidente en los ríos, dijo, sería por tres millones de pesos, dependiendo de la ley que se aplique.
“La multa que se ha mencionado de 40 millones de pesos que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, hubiera sido aplicada por un juez al término de un procedimiento judicial que no iniciamos, porque el gobierno federal optó por los mecanismos alternativos de solución de controversias y por el escrito donde la empresa asume la responsabilidad del derrame y la reparación del daño”, explicó.
Haro Bélchez resaltó que el fideicomiso de esta empresa asciende a 2 mil millones de pesos, el cual se extinguirá hasta que quede reparado el último daño material y social. “La empresa involucrada está obligada a presentar a Semarnat un programa de compensación, el cual será base para la ejecución de dicho fideicomiso”, agregó.
