Los senadores hicieron cambios a 104 de los 140 artículos de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que les remitió el ejecutivo, entre ellos, según explicaron en tribuna el panista Juan Carlos Romero Hicks y el perredista Alejandro Encinas, presidentes de dos de las seis comisiones dictaminadoras, para quitarle en carácter asistencialistas y darle uno de tipo garantista.
Entre las modificaciones realizadas resalta la de que el Estado debe garantizar que adolescentes embarazadas, concluyan sus estudios. Se establecen normas para evitar la violencia y el acoso escolar. También se precisa que la edad para contraer matrimonio es a partir de los 18 años.
Se reestructura el DIF, que será un órgano desconcentrado; en el caso de los menores migrantes deberán ser canalizados de inmediato al DIF y no a las estaciones migratorias del INM y tendrán derecho a una visa.
La discusión comenzó a las dos de la tarde y a las 18:06 se aprobó en lo general. Continúa la discusión en lo particular, y hay más de medio centenar de reservas.
La única voz discordante fue la del presidente de la Comisión para el desarrollo de la Familia, José María Martínez, quien sostuvo en tribuna que se trata de una ley que promueve el aborto, al incorporar los derechos reproductivos de la familia.
Es un intento, dijo, de introducir de manera subrepticia la autorización del aborto, a través del artículo 58. “Esa es la doctrina que el PRD ha traído al Senado”, sostuvo. Sus dichos fueron rechazados por senadores perredistas, del PRI y hasta por su compañera de bancada, la presidenta de la Comisión de Salud, Maki Ortíz.
El perredista Alejandro Encinas le dijo que entiende que no es dolo o mala fe de Martínez, sino ignorancia, ya que la ley no aborda en forma alguna el tema del aborto. Igualmente, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, le señaló que “no es un hombre de confianza y que sólo establece los derechos reproductivos de la niñez.
El artículo 58 en su fracción octava establece que la educación deberá “promover la educación sexual integral, que contribuya al desarrollo de competencias que le permitan a niñas, niños y adolescentes, ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos”.
