Las recientes reformas al Código de Justicia Militar, aprobadas por unanimidad en el Congreso, establecen la obligación de que los militares presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos sean procesados ante los tribunales civiles, y no existe mayor violación a los derechos humanos que el asesinato que, en caso de haber sido cometidos por agentes del Estado, configuran el tipo penal de ejecución extrajudicial, sancionado por todos los instrumentos internacionales e interamericanos en la materia.
Exigimos a la Procuraduría General de la República que establezca las responsabilidades de estos ocho elementos militares y, en su caso, sean puestos a disposición de un juez civil. En todo caso, la custodia de estas personas debe pasar, de manera inmediata, a esta instancia de procuración de justicia.
Si la Secretaría de la Defensa Nacional está realizando una investigación independiente del proceso en la jurisdicción civil, éste debe continuar sin necesidad de que los detenidos se encuentren bajo su custodia en la Prisión Militar del Campo Militar No. 1.
Resulta imprescindible, en el marco del Estado de Derecho que, estos hechos sean rápidamente aclarados y que, en su caso, las todas las dependencias del Gobierno Federal asuman las responsabilidades individuales e institucionales que les correspondan.
Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la sociedad mexicana, las personas afectadas por violencia y las víctimas.
