Se pretende avanzar en el propósito de sustentar una opinión objetiva sobre las posibles irregularidades cometidas y la aplicación correcta de los recursos federales destinados a ese sistema de transporte, señaló su presidente, el diputado. Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI).
La Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la línea 12 del Metro de la ciudad de México manifestó que este es un necesario ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas, “que cobra especial magnitud al considerar el grado de afectación que ha generado la suspensión del servicio en la Línea 12”.
Subrayó que lo más importante en este momento es saber cuándo se va a restablecer el servicio, cuya interrupción afecta negativamente la movilidad, los bolsillos y el tiempo de más de 430 mil usuarios en el oriente de la ciudad.
Recordó el reciente anuncio de sanciones a funcionarios responsables por las fallas que ocasionaron el cierre de la línea y el inicio de investigaciones de carácter penal, además de que el informe final de la empresa Systra señaló que hubo fallas en la planeación, diseño, construcción y operación de la línea.
También mencionó que los diputados de la Comisión Especial recibieron información sobre el tema de parte de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Contraloría General y Secretaría de Finanzas del gobierno local.
Calzada Arroyo aseveró que están listos para profundizar en la indagación de los hallazgos que sugieren la existencia de posibles irregularidades o faltas de graves de distinto tipo.
Los integrantes de la Comisión Especial acordaron reunirse esta semana para establecer un calendario de encuentros con funcionarios y ex funcionarios de la administración 2006-2012 y de la actual del Distrito Federal.
Su objetivo en esta etapa es establecer interlocución abierta, directa y pública con los titulares y ex-titulares de Finanzas, Obras Públicas, Contraloría del Distrito Federal y Proyecto Metro del Distrito Federal, pare que respondan a cuestionamientos y aclaren las dudas que se desprenden del trabajo de análisis y seguimiento realizado por los legisladores.
El diputado priista reiteró que existen una serie de hallazgos que han merecido especial atención por parte de ese cuerpo legislativo tales como:
—El incremento de costo de estaciones que no modificaron su trazo; el pago injustificado por más de 675 millones de pesos por obra inducida de la que no se presentaron anteproyectos; modificaciones con ventaja para el consorcio que van del 2.0 al 169 por ciento; incrementos en los porcentajes de anticipos que van del 21 al 37 por ciento.
Además, el conflicto de interés por la relación familiar entre el Director General del PMDF y uno de los directores generales de ICA, empresa integrante del consorcio constructor; áreas no ejecutadas conforme al proyecto ejecutivo en la estación Ermita, equivalentes a más de 32 millones de pesos, y sanciones en contra de los responsables del pago de 119 millones de pesos por la certificación para iniciar operaciones, a pesar de los problemas de interfaz entre el riel y la rueda de los trenes.
