La decretada Reforma en Telecomunicaciones prevé la instalación y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, la cual forma parte de la política del Estado para la cobertura universal de telecomunicaciones.
Asimismo, busca garantizar a los operadores la posibilidad de ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones, enfrentando menores barreras a la entrada con la reducción de tarifas de acceso a infraestructura de redes. Sin embargo, nos encontramos ante un escenario de incertidumbre regulatoria en el que aún no está definido el modelo de operación que deberá implementarse sobre dicha red, ya sea público, privado o híbrido.
Sabemos que a partir de la privatización de redes telecomunicaciones hace ya más de 20 años, el papel del gobierno se enfocó a establecer las condiciones de operación del sector, para así promover el sano desarrollo de la industria a través de políticas de competencia e incentivos a la inversión privada.
En el plano internacional, llama la intención que contrario a esta práctica generalizada, unos pocos gobiernos han intervenido en el establecimiento de estrategias y políticas públicas para la promoción de la Banda Ancha, la cobertura universal o la inclusión digital, que al requerir el despliegue de infraestructura no dejan claros los límites de la intervención o intervencionismo gubernamental.
El asunto nos atañe puesto que hasta el momento en nuestro país no se ha definido a detalle la implementación y manejo de la red mayorista compartida que correrá en la banda de 700 MHz. Entonces cabe aquí preguntarnos si será el Estado el encargado de la operación de la red, así como hasta qué punto llegará su intervención en la consecución del acceso universal a servicios de telecomunicaciones.
Para garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones, antes de asumir una postura proactiva, el gobierno ha establecido herramientas regulatorias orientadas a promover la competencia en el mercado, generando incentivos a los agentes privados para inyectar el flujo de capital que estos despliegues de infraestructura requieren para hacer llegar los servicios de telecomunicaciones, especialmente la Banda Ancha, hacia espacios aún desconectados.
Sin embargo, cuando a pesar de estas medidas continúa siendo difícil materializar un entorno global de conectividad debido a que se requieren cuantiosas inversiones, además de que resulta poco rentable para los operadores llegar a lugares digitalmente marginados, el gobierno podría intervenir. Pero eso sí, de acuerdo con ITU, brazo de telecomunicaciones de la ONU, siempre y cuando la inversión de los operadores privados supere en cuantía a los beneficios sociales, es decir, se toma la no rentabilidad como criterio básico de intervención pública.
Por ello, debemos asegurar que las acciones de la intervención pública, ya sea financiera o directamente en la provisión de servicios, cumplan los principios de eficiencia económica que proveen los agentes privados. Por un lado, la inexperiencia técnica del sector público resultaría en una ineficiente asignación de recursos tecnológicos y financieros. En tanto, la auto-adjudicación del espectro radioeléctrico mediante intervención directa, pondría en desventaja a los operadores, propiciando un ambiente desleal a la competencia y desincentivando la inversión.
Entonces, si bien hay casos de gobiernos en diversos países que han emprendido directamente la creación de nuevas redes nacionales de banda ancha, algunos otros han implementado el modelo híbrido de Asociación Pública-Privada (APP), en el cual generalmente se invierten recursos de ambos agentes en el despliegue de la red, mientras que la operación queda a cargo de las empresas privadas, que han demostrado una mayor eficiencia en este sentido.
Sin duda resulta fundamental la elección del modelo que deberá seguirse en la implementación de la red compartida, observando principios básicos de eficiencia económica como la optimización de recursos, maximización del bienestar social, así como la generación de eficiencias en su operación.
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