La reciente reforma en materia de telecomunicaciones promulgada en junio pasado, incorpora al catálogo de derechos fundamentales, acogidos por la Constitución, el de acceso a los servicios de telecomunicaciones, estableciendo como contraparte la procuración del Estado para garantizar la satisfacción del mismo. De esta forma, la nueva redacción del artículo 6º Constitucional establece que las telecomunicaciones constituyen servicios públicos, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de asegurar la cobertura universal, entre otras.
En franco contraste con esta consideración de la conectividad como un servicio básico para los mexicanos, el actual tratamiento fiscal las grava como servicios de lujo imponiéndoles gravámenes especiales como el IEPS. Entonces queda expuesto el dilema. ¿Es la conectividad un derecho fundamental o un lujo? ¡Definitivamente no puede ni debe ser ambos! ¿Es entonces, el principio de universalidad y carácter público de los servicios de telecomunicaciones consagrados en la Constitución incompatibles con la normatividad fiscal?
Sin ser abogado, es fácil identificar pistas que no sólo sugiere la inconstitucionalidad de la política fiscal, sino que queda implícito que la imposición del IEPS en telecomunicaciones exacerba la brecha digital, aumenta la inequidad social e impide la propagación de los beneficios que involucra el acceso a estos servicios en términos de bienestar social y mejora de la productividad.
Y aún más, derivado de la correlación e interdependencia entre el acceso a las telecomunicaciones con otros derechos y libertades, como el de acceso a la información, a la educación y la libertad de expresión, estos se verían igualmente menoscabados bajo este incongruente gravamen.
Es un hecho que las finanzas públicas requieren importantes flujos de capital para el financiamiento del gobierno y sus obras públicas, así como para la indelegable labor que hace el Estado en materia de seguridad nacional. Sin embargo, se ha mostrado que la recaudación del IEPS en telecomunicaciones no ha alcanzado los niveles previstos por la Ley de Ingresos de la Federación, y que la suma de este rubro es cada vez menor. Incluso la contribución de la partida del impuesto especial en telecomunicaciones sobre los ingresos tributarios del Gobierno Federal resulta ser mínima y se estima de 0,5% para el ejercicio fiscal de 2012.
Escalera Fiscal de las Telecomunicaciones Mexicanas
En México se paga una gran cantidad de impuestos en el sector de las telecomunicaciones por diferentes conceptos, por ejemplo, pagos de derechos para entrar a las licitaciones, pago de cánones por asignación de espectro, tasas impositivas por uso del espectro, impuestos a la importación de handsets y equipo, impuestos en la operación como el IVA y ISR, que se le imponen a todas las actividades económicas, entre otros. Adicionalmente, los impuestos especiales a las telecomunicaciones se suman a la ya de por sí pesada escalera fiscal que enfrenta el sector descrita en la siguiente gráfica:
Escalera Fiscal de los Operadores de Telecomunicaciones
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit (2013)
Los servicios de telecomunicaciones se encuentran gravados por el IEPS desde 2010, afectando a la población mexicana en su conjunto. La situación es preocupante, ya que la aplicación de un impuesto especial sobre estos servicios, que desde una perspectiva histórica a nivel internacional se han tornado fundamentales para el desarrollo económico y social de toda nación, desemboca en la inhibición de su adopción.
Esta situación se consolida como un obstáculo para alcanzar la cobertura universal de las telecomunicaciones, impactando en mayor medida en aquellos hogares con menores niveles de ingreso y que actualmente no cuentan con estos servicios, sin dejar pasar la regresividad del impuesto, ya que se registran mayores contribuciones para los que cuentan con menores recursos.
El nivel de precios de los servicios de telecomunicaciones en México ha sido siempre elevado y a pesar de que su nivel registra una caída sostenida y generalizada, el Impuesto Especial de 3% a Productos y Servicios (IEPS) más la carga del IVA de 16% afectan directamente al consumidor final, lo que se traduce en una aumento generalizado en los precios al tomar en cuenta el total de estas cargas impositivas.
Por otro lado, en México existe una política recaudatoria por tipo de servicio ofrecido, aun cuando se transmite por la misma red, lo cual representa un obstáculo legal para la convergencia tecnológica. Otra característica no deseable en nuestro sistema recaudatorio es la presencia de regulación distinta para cada tecnología siendo que en las prácticas internacionales, en el caso concreto de la Unión Europea, se promueve la neutralidad de la tecnología, la cual busca asegurar la imparcialidad regulatoria para productos relativamente homogéneos en un mismo mercado que utilizan diferentes tecnologías para su funcionamiento.
Elasticidades y Precio derivado del Impuesto
Se ha encontrado que, dada la elasticidad precio de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, por cada unidad porcentual de incremento en el precio se reduce la demanda del servicio en distintas proporciones, dependiendo directamente de la elasticidad de dicho servicio. La literatura empírica sobre la demanda por telecomunicaciones sugiere que las elasticidades varían ampliamente entre distintos servicios, impactando en mayor medida a la banda ancha, que constituye el servicio con menor penetración entre la población mexicana.
La demanda por servicio de voz local es casi perfectamente inelástica, en otras palabras, es poco sensible a cambios en el precio y se consume básicamente lo mismo sin importar el precio. Por su parte, la demanda servicios móviles responde más a cambios en el precio, y posee una elasticidad mayor. Así, derivado de la mayor elasticidad precio en el servicio de telecomunicaciones móviles, su efecto en este segmento es mayor, por lo que la consecuente reducción de la demanda implica una recaudación ineficiente ya que la pérdida en bienestar no es compensada por el ingreso de esos impuestos. Finalmente, los servicios de internet y TV de paga muestran las mayores elasticidades, siendo los más sensibles a cambios en el precio, por lo que ligeros aumentos en el mismo representan drásticas caídas en el consumo, especialmente para NSE más bajos, cuya elasticidad es aún mayor.
Tipos de Demanda por Nivel Socioeconómico
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit (2013)
Como se muestra en la tabla anterior, los niveles socioeconómicos más altos poseen demandas más inelásticas relativas a los niveles más bajos. En este sentido, las tasas impositivas deberían ser mayores para niveles de ingreso más altos, ya que de lo contario perjudican más a los que menos tienen. Es importante mencionar que los impuestos en este segmento gravan a quien más utiliza los servicios de telecomunicaciones, y no es equivalente a que paguen más los que disponen de mayor ingreso. En resumen, la sobrecarga de impuestos tiene un bajo impacto recaudatorio y restringe en mayor proporción la adopción de estos servicios en los segmentos más desfavorecidos debido a su efecto regresivo, limitando el acceso a las personas de ingresos más bajos.
En razón de todo lo anterior, debemos evitar que las leyes atenten contra los derechos fundamentales de los mexicanos. Conviene aprovechar esta época de reformas para realizar los cambios pertinentes en materia fiscal que permitan salvaguardar el derecho a las telecomunicaciones. La derogación del IEPS facilitará la adopción de tecnologías de la información y comunicación, lo que resulta en un aprovechamiento de los beneficios que ofrece, e involucra la obtención de mayores recursos fiscales al contar con mayores herramientas de mejora en la cadena productiva.
Como contraparte, la recaudación se debe basar en facilitar el derecho de acceso consignado en nuestra Carta Magna, situación que generará mayor adopción de los servicios entre los mexicanos, impactando positivamente a la actividad económica y el bienestar social, que también contribuyen al erario y mejor aún, al desarrollo integral del país.
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