Y es que la presión inmobiliaria en esa zona no ha tenido límites, pues por los cuatro puntos cardinales, las inmobiliarias atacan con sus obras a la comunidad asentadas desde hace muchos años sin que las autoridades hagan nada. La comunidad considera a Ciudad Progresiva, en la calle de Mayorazgo 130, como un “monstruo”, con el que no se puede tener un acuerdo, porque nos “agrade emocionalmente”.
En voz de Consuelo Salpa Erape, los vecinos de Xoco defienden su territorio y costumbres y exigen a las autoridades del Distrito Federal cumplan con la ley de desarrollo urbano, y recuerdan que la zona tiene problemas de abasto de agua y vialidades que se agravarán con la construcción de los inmuebles en obra.
“Las tortillas ya no las compramos en el pueblo, porque cuando salen a comer los trabajadores de la obra, se hacen unas mega colas interminables”, dice Consuelo Salpa.
A las autoridades de la delegación Benito Juárez se les pidió su punto de vista en relación a la obra de Ciudad Progresiva en cuanto a su licencia de construcción y los dañados causados a los edificios colindantes como a la iglesia del siglo XVII, sin obtener respuesta.
A pesar de que el uso de suelo en Xoco es habitacional con tres niveles como máximo, 20 por ciento de área libre y densidad baja, el banco HSBC México SA a través de sus fideicomisos 249530 y 249513 construye Ciudad Progresiva con siete edificios –ya edificado uno para departamentos en renta y otro en hospital— cinco para uso habitacional, uno más para oficinas y para servicios hospitalarios que se desarrollará en siete etapas.
En su solicitud de autorización de impacto ambiental, la institución bancaria extranjera dice que en los predios colindantes de Av. Universidad 1000 con superficie de 62 mil 361 metros cuadrados y en Av. Real del Mayorazgo No. 130 con 47 mil 244 metros cuadrados pretende edificar 2 mil 500 departamentos y casi 11 mil cajones de estacionamiento en seis sótanos en 526 mil 111 metros cuadrados. Ciudad Progresiva es un desarrollo de usos mixtos dividido en habitacional, oficinas y comercio. Habrá negocios, plazas de esparcimiento, una torre de 60 niveles y un helipuerto.
Para la institución de crédito será un negocio multimillonario, pues, en la preventa de sus departamentos de 100 metros cuadrados su costo anda en cinco millones de pesos a pagar en tres años, y con fecha de entrega en 2016.
Y el terreno se fue preparando desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para esa gran obra.
En el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) de 2005, en la Colonia Xoco, se modifica el área establecida de conservación patrimonial “en la versión 1997 del PDDU, determinando un área de cinco manzanas delimitadas por Av. Popocatépetl; San Felipe; Real de Mayorazgo; Puente de Xoco; Mayorazgo de la Higuera y Mayorazgo de Solís, la cual incluye a inmueble catalogado como patrimonial de la Iglesia de Xoco; excluye a la superficie correspondiente al estacionamiento del Centro Bancomer y abarca una superficie aproximada de 14.27 ha”, precisamente en donde se construye la Ciudad Progresiva.
Luego el gobierno de Ebrard Casubón autorizó a Ciudad Progresiva el permiso ambiental SMA-/DGRA/DEIA/005376/2009, y aprobó el estudio de impacto urbano DGAU.09-/DEIU/052/2009, de acuerdo información pública
Además, la administración de Marcelo Ebrard y la empresa inmobiliaria recurrieron a la figura de polígono de actuación, mediante el sistema de actuación privado, para revertir el uso de suelo permitido en el pueblo de Xoco, en el cual no está permitido construir un inmueble de cuatro pisos, se autorizó levantar lo que será la torre más grande de América Latina.
Los vecinos ubican el problema de la construcción de esa súper obra desde la época del jefe delegacional panista Germán de la Garza Estrada, pasando por Mario Palacios y el actual, Jorge Romero, quienes se han hecho de la vista gorda junto con el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard para frenar la obra por todos los daños que va a generar en su entorno.
Salpa Erape denuncia a las autoridades de la delegación Benito Juárez y del gobierno de DF de proteger a los constructores de la magna obra, pues hacen lo que quieren; no respetan nada. Dañaron la iglesia del siglo XVII en 2012 y es fecha de que no reparan nada y lo mismo ocurre con los edificios contiguos afectados a los cuales se les debió de proteger antes.
El mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permitió que se construyera a escasos 40 centímetros del templo, violando la Ley de Monumentos Históricos, todo es “una historia de pura corrupción”, asegura.
Los responsables de la construcción quiere remediar los daños, dice la vecina, “pero la verdad los veo muy miserables para pagar, no sé cómo van a reparar una casa que se fue de lado o un edificio que tenga problemas estructuras y van a seguir afectando las construcciones de la zona, haciendo obras de esa magnitud.
“No hay una autoridad que los pare, en la delegación Benito Juárez se meten escritos y no hay respuesta, y todas las dependencias de gobierno están al servicio de esta construcción, a mí me sorprende mucho porque se ha ido a la delegación, a gobierno, a Medio Ambiente, a la Comisión de Aguas del DF, porque aquí no tenemos agua y con estas obras imagínese, los nativos del pueblo queremos tener una certeza, qué va a pasar.
“El pueblo tiene 3 mil 500 habitantes, han ido acabando con él y la idea es expulsar a los nativos de aquí. Ahora de predial nos llegó de 31 mil pesos, el gobierno sabe en cuánto están los salarios mínimos, sabe cuánto cuestan las cosas, cuánto cuesta un kilo de huevo, la gasolina, un salario mínimo y un predial con esa cantidad, por Dios, qué les pasa, intentan castigarnos, aquí hay gente, es un pueblo originario, aquí tenemos usos y costumbres, se celebra la fiesta del santo patrón en enero y en abril, son fiestas bonitas, tradicionales”.
Incluso aquí en el estacionamiento del banco y en el mismo corporativo de Bancomer se encontraron piezas arqueológicas, hicieron un levantamiento del corporativo del banco cuando construyeron, entonces es un pueblo con historia y cuando hacen todo esto acaban con una cultura, con nuestra historia, no hay ley, apunta Salpa Erape.
Mientras la vecina de Xoco comenta que los constructores presumen de edificios sustentables poniendo arriba de la azotea unas palmas o un jardín artificial, en su portal Ideurban, encargada de construir la obra, se dice “comprometida con la arquitectura sustentable, optimizando el uso de la energía, reduciendo el uso del agua potable a través de la racionalización, tratamiento y de la recirculación de la misma, haciendo un buen uso de los recursos naturales no renovables”.
Después se le pregunta sobre las otras construcciones que se desarrollan en el pueblo de Xoco. “Los vecinos no tienen idea del impacto que va a causar todas las obras en el pueblo y nos quieren estrangular. En Popocatépetl y Universidad tenemos un centro comercial, clínica privada, hotel, y sobre Popocatépetl se construye una torre de 24 niveles; tenemos un City Tower 1, 2, y City Tower Grand, que violan el uso de suelo y los documentos se los hacen a su modo, y la mayoría de los edificios de construyen de 26 niveles.
Este pueblo antiguo, en donde antes de sembraban lechugas y rábanos y una buena parte del terreno era propiedad del general Juan Andreu Almazán como el predio que ocupa el Centro Bancomer (ahora BBVA), lucha por conservar sus costumbres y tradiciones, pese al abandono de las autoridades del gobierno capitalino.
