En ese sentido, hizo un llamado a los grupos parlamentarios para analizar virtudes y defectos de esta trascendente reforma. “Las diputadas y los diputados debemos darle dignidad al Congreso de la Unión, al discutir, analizar e impulsar los cambios en el marco normativo, en este caso en el sector de las telecomunicaciones”, agregó.
El legislador por el Distrito Federal aseveró que un punto ambiguo y por tanto delicado, es que en la redacción del artículo 6º, apartado “B”, fracción segunda, se establece el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones (pero limitado a que el Estado garantice que sean prestadas en condiciones de competencia). “Recordemos que hay zonas geográficas que por su dispersión y niveles de marginalidad económica no son catalogadas como rentables lucrativamente para empresas privadas, por lo que en esos lugares, al no haber interés privado, será prácticamente imposible conectarlos. Entonces, en este punto, el Estado debe garantizar que todos los mexicanos tengamos acceso a esas tecnologías porque la competencia es un mecanismo para proveernos de información”, dijo.
Otro punto delicado es la regulación de contenidos en el artículo 6º, fracción cuarta. “Esto es grave, porque en un Estado democrático los gobiernos no deben regular contenidos. Esto atentaría contra la libertad de expresión. El Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho, así como el de información. La población estaría supeditada a la filiación liberal o conservadora; si es lo último se corre el riesgo de coartar la libertad de expresión y el derecho a la información”, añadió.
Reyes Gámiz dijo que con esta reforma se debe incentivar la producción y contenidos independientes, situación que no se prevé en la iniciativa en cuestión, por lo que “no sólo se trata de crear más empresas de radio y televisión abierta, sino pluralidad, por lo que necesitamos fomentar la creatividad y difusión de nuestros ciudadanos a través de la producción independiente”.
Añadió que “las televisoras y radiodifusoras deberían estar obligadas por el Estado a incluir dentro de sus transmisiones producciones de la ciudadanía, de organizaciones no gubernamentales, de estudiantes, darles espacios de opinión, y en horarios de alta audiencia, no de madrugada”.
Reyes Gámiz indicó que en la iniciativa existe una contradicción en lo referente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), donde se señala que va a ser autónomo del Ejecutivo Federal, “pero después se establece en la redacción que para otorgar concesiones, revocarlas o autorizarlas, requerirá la opinión previa no vinculante de éste. Es decir, no se puede hablar de autonomía cuando requiere la opinión del Presidente, que sea vinculante. Por lo tanto, debería omitirse esa parte”.
Un aspecto donde existe ambigüedad, anotó Reyes Gámiz, es el de la clasificación “dominante”. Se tienen que ampliar los criterios para definir la dominancia de agentes preponderantes en televisión, agregando términos de ingresos por concepto de venta de publicidad, audiencia potencial y servicios de telecomunicaciones. Estos no deben ser mayores al 49% respecto al universo respectivo para no ser considerados dominantes o que son parte de una industria concentrada”, dijo.
El secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se sumó a las voces que piden que la UNAM y la CNDH participen en el Comité de Evaluación que examinará a aspirantes a comisionados de Cofeco e Ifetel, ya que la iniciativa sólo prevé la participación del Banco de México, el INEGI y el Instituto Nacional para la Evaluación de la de Educación (Artículo 28º).
Asimismo, que los comisionados de Cofeco e Ifetel no tengan un salario igual al que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino similar al Ejecutivo Federal, cuando mucho, y limitar a 49 por ciento la inversión extranjera en telecomunicaciones y no permitir el 100 por ciento, como está en la iniciativa.
