Con un supuesto “código de ética”, el gobierno de Duarte de Ochoa no se anduvo por las ramas con el indebido manejo de recursos, ya que, según la ASF, se “desconoce la aplicación y destino” de más de 2 mil 719 millones de pesos del monto desviado del FAEB.
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-30000-02-0629 GF-056 del FAEB en 16 mil 147 millones 142 mil 200 pesos, realizada por la ASF, encontró múltiples irregularidades en el manejo de los recursos por parte de la autoridad veracruzana.
Dejó de comprobar con documentación la aplicación de los rendimientos financieros; hizo pagos posteriores a la fecha de baja de los trabajadores; pagó a personal con licencias sin goce de sueldo; desembolsó recursos a comisionados de las diferentes secciones sindicales; destinó dinero del fondo que no corresponden a sus fines, y faltó documentación comprobatoria del pago de cuotas del IMSS y del SAR.
Los resultados de la ASF determinaron 28 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe, y de las 25 restantes generaron : 10 Recomendaciones, una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 Pliegos de Observaciones.
La Auditoría Superior de la Federación considera que “el control interno para la gestión del fondo en el estado es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación”.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz recibió de la Tesorería Federal (TESOFE) 19 mil 411 millones 450 mil pesos, de los cuales en forma directa “ministró a la Secretaría de Educación Veracruzana (SEV) 13 mil 755 millones 732 mil 200 pesos para el pago de nómina y ejerció recursos por 2 mil 349 millones 12 mil 300 pesos por retenciones de nómina y gastos de operación, por lo que existe una diferencia por 3 mil 306 millones 705 mil 500 de pesos, de los cuales se desconoce su aplicación y destino, además de que no se instrumentaron las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos”.
El trabajo de la ASF señala que en el transcurso de la auditoría y con motivo de su intervención, “la entidad fiscalizada proporcionó las justificaciones y aclaraciones por 586 millones 709 mil 600 pesos; quedando pendiente 2 mil 719 millones 995 mil 900 pesos con lo que se solventa parcialmente lo observado”.
De la revisión de los cierres del avance presupuestal proporcionados por la SEFIPLAN y la SEV, la ASF constató que presentan diferencias en sus reportes, aún cuando se emiten del mismo sistema implementado, por lo que no concilian sus cifras.
La dependencia fiscalizadora indicó que “no fueron remitidos los cuatro trimestres del informe de nivel fondo ni las fichas de indicadores a la SHCP, únicamente presentaron los cuatro informes correspondientes al formato único; no obstante de que sí fue entregado el mismo, no se publicó en los órganos locales oficiales de difusión ni en la página electrónica de internet del estado para su disposición del público en general”.
El Formato Único del cuarto trimestre dispone de la información detallada y pormenorizada de las acciones; sin embargo, el monto reportado como ejercido no corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa, refiere la ASF en su trabajo, el cual asegura que “las medidas y acciones realizadas por la entidad para transparentar los pagos con recursos del fondo en materia de servicios personales, tampoco se reportaron en la página electrónica”.
La ASF apuntó que “el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales; la falta de difusión de los mismos; la falta de congruencia de las cifras reportadas y la falta de calidad son algunos aspectos reincidentes en los resultados de la revisión de la cuenta pública anterior”.
Según la ASF, la Contraloría General del Gobierno del estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 128/2012, con lo que se solventa lo observado.
Al informar que se pueden recuperar 3 mil 654 millones 21 mil 500 pesos, la ASF en su pliegos de observaciones presume que las autoridades veracruzanas incurrieron en “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 2 mil 719 millones 995 mil 881.00 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por desconocer la aplicación y destino de los recursos” del FAEB.
En otra observación, la ASF dice que la autoridad estatal supone “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 149 millones 250 mil 252.21 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por no presentar la documentación comprobatoria que ampare la aplicación de los rendimientos financieros”.
Al realizar la autoridad veracruzana pagos a centros no localizados o que no cumplen con los fines y objetivos del fondo, la ASF observó “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 149 millones 250 mil 252.21 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta”.
La ASF menciona que el gobierno veracruzano cometió probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 228 millones 114 mil 105 pesos por destinar recursos del FAEB para realizar pagos del ejercicio 2010 y además no se presentó la documentación comprobatoria, y otro más por 106 millones 757 mil 68 pesos, por haber realizado pagos por concepto de “Bono para pasajes,” “Bono anual de imagen” y “Gratificaciones por el día del Empleado”.
Para completar los más de 3 mil 654 millones de pesos por recuperar recursos federales, la ASF hace 14 observaciones, entre las cuales destacan que el gobierno estatal pudo causar daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 189 millones 237 mil 180 pesos, más intereses ante la falta de documentación comprobatoria del pago de las cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro, y uno más por 58 millones 286 mil 943 pesos por falta de documentación comprobatoria del pago de cuotas al IMSS.
