La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Iris Vianey Mendoza, solicitará la creación de una comisión especial de seguimiento al proyecto Dragon Mart de Cancún, Quintana Roo.
Luis Foncerrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, declaró que el proyecto no parece consistente, porque los productos chinos pueden excluir de manera no competitiva a las empresas mexicanas. “Es exactamente lo contrario a la propuesta del Presidente Peña Nieto que es incrementar el contenido nacional”.
No se puede disfrazar una inversión privada que en realidad se trata de un tratado de libre comercio, agregó, por lo que solicitó a la Secretaría de Economía investigar y expresarse sobre la consistencia del proyecto.
En lo relativo a la evaluación del impacto económico, Sergio López de la Cerda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, destacó que para diversificar la economía, el Gobierno debería sentarse con los actores de los diferentes sectores, pero que en el caso de Cancún, el Gobernador no ha querido dar citas para hablar del tema.
CANACINTRA, a través de su asesora en materia ambiental, Lourdes Aduna Barba, sugirió que la Semarnat atraiga el caso para que se evalúe la operación, construcción y cierre de la obra, “que se dice es a infinito”.
Sugirió que los inversionistas -60 por ciento de inversión a nivel nacional- utilicen los recursos económicos para instalar el Tequila Mart, con el propósito de fortalecer la industria manufacturera e incrementar la creación de empleos en el país.
Además, pidió que la Secretaría de Economía instale mesas de negociación para fortalecer los elementos que requiere cada cadena productiva y determinar así cómo se puede impulsar el empleo y la prosperidad de los mexicanos.
El presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Julián Ricalde Magaña advirtió que existe un problema de migración china y, por ello, la Secretaría de Gobernación debería reflexionar sobre el tema.
Al respecto, puntualizó que se estará frente al nacimiento de un nuevo centro poblacional, sin resolver el problema ya existente en Cancún.
Subrayó que el municipio va a resolver, a través de una licencia de construcción, sobre lo que no se han pronunciado las secretarías de Gobernación y Economía; “lo niego o lo doy. Si se niega y después se gana en amparo, dirán: lo vendieron y si lo da: lo vendieron”.
La diputada Graciela Saldaña Fraire, solicitó la comparecencia de los secretarios involucrados, así como el compromiso por parte del Senado para dar seguimiento al proyecto.
Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, señaló que en el marco de referencia jurídico ambiental, hay algunos instrumentos internacionales que se están transgrediendo.
“Tiene que ver con una cuestión de legalidad, ya que jurídicamente el procedimiento no se está siguiendo bien”, por lo que si de verdad interesa la legalidad, dijo, “es necesario empezar a pelear”.
Alejandra Serrano Pavón, del CEMDA, señaló que se encontraron violaciones a los derechos de información y de participación, pilares del derecho a un medio ambiente sano y precisó que la manifestación de impacto ambiental presentada ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, no cumplió con los procedimientos establecidos con la legislación estatal.
Agregó que el proyecto tiene contemplada la instalación de una planta desaladora y, al ubicarse sobre el sistema de aguas subterráneas de la península, a menos de 3 mil 500 metros de la costa y de un área natural protegida, tiene que solicitar ante la Semarnat una autorización en materia de impacto ambiental.
En el proyecto de Dragon Mart de Cancún, Quintana Roo, el gobierno federal debe atraer sus resoluciones y que las secretarías de Medio Ambiente y Economía aborden los temas ambiental y económico, respectivamente.
Durante la presentación de las conclusiones del Foro Nacional Efectos Ambientales y Económicos de la Instalación de Dragon Mart organizado en el Senado de la República, se solicita la intervención de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), se respeten las facultades legales del municipio de Benito Juárez y el respaldo al presidente municipal y empresarios nacionales.
