Sin embargo, en entrevista, reconoció que la empresa con una denominación social diferente, hizo ofrecimientos económicos para trabajos de restauración en la zona arqueológica, apoyo que fue rechazado. En comparecencia en la Permanente, Arroyo puntualizó: “Estoy cierto que ni yo ni ningún funcionario del instituto incurrió en alguna irregularidad”.
A los cuestionamientos de legisladores del PAN y el PRD, el funcionario aceptó que conoce a Graco Ramírez, actual de gobernador de Morelos, sólo en su condición de “figura pública”, y se deslindó de la construcción de la tienda de la cadena transnacional en la periferia de la zona arqueológica de Teotihuacán, al afirmar que el INAH no tiene atribuciones para otorgar permisos de construcción ni de uso de uso.
Arroyo reconoció que el caso de Wal-Mart en Teotihuacán no es el único, pues hay tiendas de otras grandes cadenas como Coppel y Electra, pero no tienen “el impacto mediático e ideológico” de esa trasnacional.
El senador del PRD, Fidel Demédecis, anunció al director del INAH que la Cámara Alta emprenderá una investigación y “si usted incurrió o no (en ilícitos) la investigación arrojará resultados concretos”.
Dijo que la comparecencia sirvió para dar luz sobre el caso, por lo cual en los próximos días solicitará información al respecto a los congresistas de Estados Unidos que destaparon esta presunta irregularidad. “Los que resulten responsables van a ser sancionados con todo el peso de la ley”, sentenció el legislador.
En su repuesta, Sergio Raúl Arroyo coincidió que la impunidad hace mucho daño, pero también las acusaciones falsas e infundadas. Aclaró que los congresistas estadunidenses no son responsables de las acusaciones en su contra, pues ellos sólo dieron lectura a una nota que les fue filtrada por un ex funcionario de la trasnacional, Sergio Cícero.
