Un hecho que llama la atención es que a unos jóvenes los detienen la policía preventiva en las calles de Regina y 20 de Noviembre, muy lejos de los disturbios y daños en la avenida Juárez, de acuerdos a los videos mostrados por el PRD.
En conferencia de prensa Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva; Roberto López Suárez, Roxana Luna Porquillo y José Luis Muñoz Soria, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señalaron que de acuerdo a una serie de informaciones que han recopilado como videos, fotos y testimonios, han detectado que al menos 40 personas de los hoy acusados, aparentemente nada tienen que ver con los hechos de violencia registrados en las inmediaciones del Palacio Legislativo y del Centro Histórico.
Los diputados fueron enfáticos en señalar que esta información que poseen no quiere decir que los 29 restantes, sean culpables de algún delito, por ello subrayaron que quien haya sido detectado provocando o ejecutando acciones de vandalismo, entonces se le castigue conforme a derecho.
Agregaron que lo que han podido encontrar, además de algún tipo de vejación, y abuso de autoridad, es que entre quienes se encuentran detenidos hay estudiantes destacados de la UNAM, del IPN, de grupos de teatro, entre otros e incluso un becado por la Universidad Sorbona de París.
Asimismo, se ubicó a personas de civil incitando a la violencia a los jóvenes, cuando éstos se manifestaban pacíficamente en las calles aledañas a la Cámara de Diputados y del Centro Histórico de la Ciudad de México.
En ese sentido, pidieron a la juez que antes de dictar el auto de formal prisión a los señalados, debe recoger todos los elementos videográficos, fotográficos y testimoniales para que no se coarte la libertad de gente inocente.
Argumentaron que hasta el momento no han recibido información fehaciente del operativo realizado el 1 de diciembre por parte de las autoridades, por lo que de no llegar, solicitarán formalmente la comparecencia de autoridades para conocer la verdad histórica de los hechos ya que indicaron que hay evidencias de una serie de violaciones a los derechos humanos y de libertad de expresión de manifestantes detenidos.
Por su parte, el abogado del colectivo de la defensa de los detenidos, David Peña Rodríguez, explicó que se está violentando el Código Penal local al tratar de configurar el delito de terrorismo, que es de índole federal, cuando se trataría, en dado caso, de daño en propiedad ajena.
El Ministerio Público, aseguró, está basando su acusación de naturaleza política, con las partes policiales y videos de televisoras –que no identifican a nadie–, por lo que carecen de sustento real.
