Para el líder del PVEM, Arturo Escobar el operativo Rápido y Furioso ha sido uno de los temas más vergonzosos para el país, donde “el silencio del gobierno federal” ha puesto en riesgo la seguridad de los mexicanos.
Al fundamentar el punto, aprobado en votación económica, la diputada perredista Aleida Alavez Ruiz dijo que es necesario que el Poder Ejecutivo federal asuma e instrumente su responsabilidad con todas las víctimas afectadas por la instrumentación del operativo, proveyendo todas las medidas que permitan resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión.
Recordó que este programa implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, permitió el ingreso legal a territorio nacional de miles de armas bajo el pretexto de que serviría para “rastrearlas” y asegurar la localización de grupos criminales.
“Cuando dicho operativo fracasó, los funcionarios de la ATF reconocieron que no podrían rastrearlas y que las armas perdidas durante esta operación continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”, precisó.
Esas armas, denunció, han cobrado la vida de inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que llegaran a manos de grupos criminales.
Detalló que a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, la PGR todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se continúe con la cultura de la opacidad y el encubrimiento. La sociedad debe conocer la información disponible, que se garantice a las víctimas el derecho a la verdad y se rompa con el eterno círculo de la impunidad”, enfatizó.
La diputada priísta Lourdes Eulalia Quiñones Canales denunció que la SRE ha permanecido omisa al trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que aquellas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamérica.
Agregó que con el ánimo de contribuir a la eficacia, legitimidad y continuidad de los acuerdos y esfuerzos de cooperación bilateral en contra del crimen organizado y de cerrar la desinformación que a veces predomina en la materia, es de suma importancia solicitar esta información y fincar responsabilidades.
De Acción Nacional, la legisladora Adriana González Carrillo afirmó que tanto en Estados Unidos como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país. “Apoyamos a nuestro gobierno para sancionar a los responsables y, si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional”.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del PRD, resaltó que es muy importante que se logre transparentar esta información, pero lo es más que se determinen consecuencias legales para los responsables. “En México no se han dado nombres y no ha habido responsabilidad penal”.
Ricardo Mejía Berdej de Movimiento Ciudadano consideró al operativo ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional y a los derechos humanos, ha tenido resultados catastróficos pues, lejos de combatir la criminalidad, sólo ha conseguido empoderarla y potenciarla.
Mencionó que operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estén en territorio nacional. Por ello se manifestó para que se apruebe la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad nacional, y hablen de “Rápido y furioso” y del fracaso de la política de seguridad pública.
Por el PT, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara indicó que es necesario que el titular del Ejecutivo Federal instrumente su responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México de este operativo, promoviendo todas las medidas para resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesiones.
