De acuerdo a su resolución del 16 de agosto de 2011 en el expediente CV/OV/169/2011, la dirección General Jurídica y de Gobierno, a cargo entonces de César Garrido López, determinó “imponer al propietario (inmobiliaria Coinasa– Lonai) y/o Director Responsable de Obra u ocupante una sanción pecuniaria equivalente al cinco por ciento del valor total de la construcción realizada“, en ese inmueble por carecer de manifestación de construcción como lo establece el reglamento en la materia.
En su acuerdo, la dependencia ordena “imponer el estado de clausura total y en consecuencia la colocación de los sellos correspondientes en el tercero, cuarto y quinto niveles del inmueble”, por “sobrepasar en tres niveles más la edificación (violar el uso de suelo) en contravención a lo establecido en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del Distrito Federal en Benito Juárez”, que establece tres niveles.
Por violar el uso de suelo, la autoridad decidió imputar a la inmobiliaria una sanción pecuniaria equivalente al cinco por ciento del valor de los niveles tercero, cuarto y quinto del inmueble, y también fueron sancionados con 50 días de salario mínimo (2,991.00 pesos) por ocupar la vía pública con material producto de la obra”, infringiendo el reglamento de construcción.
En la delegación Benito Juárez el inmueble construido en la colonia San Pedro de los Pinos se volvió emblemático de lo que sucede entre autoridades e inmobiliarias en la demarcación, ya que los vecinos con sus denuncias en contra de la violación del uso de suelo, prácticamente obligaron a la autoridad a revisar los papeles de la constructora y se dieron cuenta de la falta de documentos como la manifestación de construcción (licencia de construcción) que derivó en ordenar la demolición del edificio.
Los vecinos, entre ellos María Gutiérrez de la Vega y Jaime del Castillo Velasco, además de exigir cumpla la delegación con su determinación de desbaratar el inmueble para lo cual deben conseguir un crédito fiscal con cargo a la inmobiliaria, recuerdan que la constructora, de acuerdo a la información de las mismas autoridades delegacionales, su manifestación de construcción “son falsas”.
Y refieren que Leoncio Sánchez Lorenzo, empleado de la inmobiliaria, mostró copia simple de “manifestación de construcción RBJ—0866—07 registro RBJB—0270-07 vigente del 27 noviembre 2007al 27 noviembre de 2010 con copia simple de planos registrados ante la delegación de los cuales son cinco arquitectónico, ocho estructurales, 2 eléctricos, 3 hidráulicos, 3 gas, 3 pluviales, 2 instalaciones especiales. Original de Bitácora de Obra de construcción registrada ante la delegación… (Sic)”.
Sin embargo, para el jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción de esta delegación, reportó la inexistencia de “documento que ampara los trabajos de construcción que se realizaron en el inmueble verificado consistente en el desplante de dos cuerpos de seis niveles por lo que se infringe lo dispuesto en los artículos 47, 51 fracción II y 53 del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, en relación con los artículos 248 fracción V y 249 fracción VI del citado Reglamento por lo que esta instancia ORDENA IMPONER EL ESTADO DE CLAUSURA TOTAL Y EN CONSECUENCIA LA COLOCACIÓN DE LOS SELLOS CORRESPONDIENTES EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 139, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, CÓDIGO POSTAL 03800, EN ÉSTA JURISDICCIÓN—-“.
Ante este tipo de pruebas, los residentes de San Pedro de los Pinos, acusan a las autoridades delegacionales de corruptas, pues, dijeron, prueba de ello es que están los sellos de clausura y siguen trabajando y la obra está a punto de concluir, sin que la Benito Juárez haga nada. “Por quinta vez violen los sellos de clausura, colocados en puertas de lámina que de una manera fácil las mueven de un lado”.
A pesar de la orden de demolición del inmueble, los constructores siguen con la preventa de los 48 departamentos en dos torres con un costo de entre un millón 200 mil y un millón 500 mil pesos, con fecha de entrega en enero o febrero de 2013.
Los vecinos se quejan de la falta de agua en la zona y “nos quieren imponer una obra que viola el uso de suelo”. El representante de la inmobiliaria Lonai– Coinasa, Alberto Peralta ha tratado de corromper a los inconformes al ofrecerles dinero y de hacer mejorar en sus viviendas a sus vecinos colindantes, porque, asegura, la obra sigue.
Desde el 2005 los constructores hicieron mal las cosas en el predio de la calle primero de mayo 139, ya que demolieron el edificio existente sin permiso sin que nada hiciera las autoridades como el ex delegado Germán de la Garza. Los vecinos revelan que la inmobiliaria Coinasa de Luis Fuentes y Pachi Fernández tienen relación con el ex senador perredista Carlos Navarrete.
Ni el delegado en Benito Juárez, ni Marcelo Ebrard,, jefe de gobierno capitalino, ni la secretaría de Obras dan respuesta a la petición de los vecinos de llevar a cabo la demolición, pero siguen en su lucha.
Cuidado con la empresa española COINSA, la cual consideran sus clientes como un fraude, ya que despoja a sus clientes del enganche de 150 mil pesos cuando rescinden la operación con ellos; los hacen firmar la carta de cancelación sin regresarles un centavo.
