A las autoridades capitalinas las acusan de solapar las violaciones al uso del suelo que llevan a cabo las inmobiliarias y de reprimirlos con la fuerza pública por defender sus derechos. Además se quejan de que el gobierno capitalino hace oídos sordos para resolver su problemática. Los quejosos responsabilizan al GDF de cualquier agresión que sufran sus familias y patrimonio por parte de policías o grupos de choque de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).
En ese sentido, se buscó la posición del jefe delegacional Palacios Acosta y del gobierno capitalino sin obtener respuesta sobre la situación que sufren las familias que defienden sus propiedades y los daños causados a las mismas.
La colonia San Simón Ticumac con una extensión de 62.81 hectáreas tiene su Programa Parcial de Desarrollo Urbano, desde el año 2000, el cual reconoce que la zona “enfrenta una fuerte presión para transformarse en una zona habitacional que permita el máximo aprovechamiento de su ubicación, la buena accesibilidad y adecuada dotación de servicios existentes”, así como “sus ventajas de localización central dentro de la Ciudad de México y el potencial de los mercados (como el famoso Portales) con que cuenta por sus actividades comerciales especializadas”.
PROGRAMA PARCIAL RECONOCE FUERTE PRESIÓN PARA USO HABITACIONAL
Con una clara tendencia al despoblamiento y envejecimiento de su población residente, y que casi siete de cada diez personas (64.8%) se ubican en una situación de pobreza, el documento admite problemas sociales como “diferencias entre los intereses de sus habitantes que buscan mejorar su calidad de vida, oponiéndose a la modificación de uso de suelo, y otros, que dejaron de ser vecinos de la colonia, desean aprovechar la plusvalía de sus propiedades”.
El programa parcial señala que “a esta compleja situación se suma la presión que ejercen diversos grupos sociales de autogestión, así como inversionistas y desarrolladores inmobiliarios que pretenden llevar a cabo proyectos particularmente de vivienda nueva”.
La información refiere “como forma de estímulo para el reciclamiento urbano del área San Simón Ticumac, un uso de suelo habitacional con comercio (HC3/20/90) tres niveles de construcción, 20% de área libre y un área de vivienda mínima de 90 metros cuadrados, no ha sido posible detener el acelerado proceso de envejecimiento, deterioro de la imagen urbana y el desarrollo de actividades en la vía pública”.
Iniciado su poblamiento a finales del siglo pasado y reconocida como colonia tipo popular con sus límites actuales en 1929, San Simón Ticumac, según información oficial, era un pueblo en 1933, perteneciente a la demarcación de General Anaya, formado por unas cuantas casas, construidas de adobe y tejamanil, pertenecientes a familias campesinas.
Los vecinos de tres inmuebles dañados por las obras que realizan las constructoras en esa colonia no se arredran y continúan su lucha por defender su patrimonio, a pesar de la actitud de las autoridades del Distrito Federal.
ACUSAN A AUTORIDADES DEL GDF Y DELEGACIONAL DE NO FRENAR ABUSOS DE INMOBILIARIA
José de Jesús Saldaña Cruz, dueño de la vivienda en Juan Escutia 301, acusó a la constructora Residencial Vista del Real S.A de C.V del Grupo Urbania de provocarle daños a su propiedad por la obra que realiza en la calle de Antonio Rodríguez 58, en donde construirán 72 departamentos en seis niveles, cuando el Programa Parcial de la colonia permite un uso de suelo de tres, con 96 cajones de estacionamiento.
En una visita a su domicilio, Saldaña Cruz, quien vive desde hace cinco décadas en la colonia, mostró las grietas y daños estructurales que ha ocasionado la inmobiliaria Urbania a su casa por la construcción que realiza en ese predio, en especial por excavar debajo de sus cimientos. Informó que sin tener permiso de demolición esa empresa tiró lo que fue una nave industrial, y la parte que colinda con su casa fue derruida con trascavo cuando debieron realizarlo manualmente, porque, explicó, “ahora tengo daños en mis padres”, producto de sus obras.
Responsabilizó a la secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino de no clausurar la obra, a pesar de que violó las acciones de mitigación que debieron cumplir como fue “poner muretes alrededor de las viviendas colindantes con su obra” para evitar daños en su construcción. Esteban Gascón Villa, de Protección Civil del DF, se ha negado a sancionar a la constructora, y recordó que la misma dependencia considera a su casa en “riesgo” por esa obra.
Ni Protección Civil ni la delegación Benito Juárez, a cargo de Palacios Acosta, no responden a sus peticiones. A la lucha que lleva cabo el vecino por los daños ocasionados a su propiedad, la respuesta de la inmobiliaria ha sido de amenazarlo y lincharlo a través de grupos de choque de la CTC, y cada que sube a su azotea, un trabajador de la obra con videocámara en mano graba a todo aquel que se encuentra ahí, como ocurrió cuando se hizo la visita a su domicilio para ver las averías.
Al acusar a Gascón Villa de recibir dinero igual que el personal de la delegación Benito Juárez por no clausurarles las obra, a pesar de los daños causados y de tener sellos de “suspensión” en el frente de la obra de Antonio Rodríguez 58, Saldaña Cruz inició dos denuncias: una por daño en Propiedad con número FBJ/BJ-4/T1/1423/12-08, y otra por amenazas con número FBJ/URI-BJ-4/T2/219/12-07.
Por cierto, que en las obras de excavación en la obra se encontraron restos humanos y vestigios arqueológicos como vasijas, sin que tampoco se suspenda la obra. Personal del INAH visitó el lugar y se fueron sin reportar a los vecinos qué se había encontrado y si iban a seguir trabajando.
ACUSAN A BANCO MONEX DE CASUAR DAÑOS EN INMUEBLE PRIVADA DE LA LUZ
Por su parte, el propietario de la vivienda de la tercera Privada de la Luz Número 6, Jesús Grande Araus, acusó a los supuestos dueños del predio de Antonio Rodríguez 35 de provocar daños a su casa, desde que también iniciaron la demolición de otra nave industrial que colinda con su inmueble, aunque, agregó, toda parece indicar que ese predio es irregular, pues los auténticos dueños no aparecen.
También denunció al gobierno del DF y de la delegación Benito Juárez de hacer oídos sordos a su petición de clausurar la obra por los deterioros causados a su propiedad desde el 2010. Reveló los daños a sus paredes, grietas, humedad e inclinación de su casa, además de agujeros que aparecen en su jardín por las obras inconclusas en el predio de Antonio Rodríguez.
Aseguró que para demoler la nave tampoco tuvieron la licencia respectiva, y que las autoridades calificaron a su vivienda de alto riesgo, incluso, dijo, se metieron a sus cimientos sin que nadie les diga e impida hacerlo, causando los daños referidos.
El grado de impunidad de las inmobiliarias en la zona llega a tal grado, que en este caso cerraron con al presencia de la fuerza pública, una parte de la calle de la tercera Privada de la Luz, supuestamente para reparar el pavimento, por las grietas que ha provocado la construcción, sin embargo, en los hechos realizan obras particulares como introducir el drenaje en ese predio, y el pavimento de la calle, quién sabe hasta cuándo y la liberación de esa calle también.
Al acusar a las autoridades del gobierno del DF y delegacional en Benito Juárez de proteger y brindarles impunidad a las constructoras por los daños causados a sus propiedades, pues excavan debajo de los cimientos de los inmuebles, Grande Araus inició las denuncias FBJ/BJ-4/T2/924/10-04 y FBJ/BJ-4/T2/01656/10-06 por daño en contra Residencial López Rayón SA de CV y quienes resulte responsables, desde el 28 de abril de 2010, y la otra del 2 de junio de 2010. Sin que a la fecha se haya consignado ante un juez penal.
Residencial López Rayón, vendió el “terreno” a Banco Monex, Edificaciones y Más Hogares, por lo que, dijo el afectado, el ministerio público de BJ4 de la Procuraduría General de Justicia del DF, se niega a citar a los dueños para declarar sobre los daños provocados a su propiedad.
También la dueña del inmueble en Mario Rojas Avendaño Número 100, Patricia Díaz padece de la prepotencia de los constructores del Grupo Laso que construye en el número 96 de la misma calle y colindante con aquella propiedad. De acuerdo a información proporcionada, la constructora ha dañado muros y pisos de su casa al excavar debajo de sus cimientos con lo que presenta asentamientos diferenciales en la estructura.
La delegación Benito Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Ramón Díaz Jiménez, le dio permiso para realizar demolición, sin embargo, sin licencia de construcción llevan a cabo el inicio de construcción de los 56 departamentos en seis niveles de ese proyecto inmobiliario, sin que ninguna autoridad haga nada al respecto. Incluso, en la fachada de la obra se observan sellos de “suspensión”, pero la construcción sigue como la fresca mañana.
En la fachada de propiedad de Díaz cuelga una lona, en donde manifiestan su inconformidad los vecinos de la colonia por la obra, y recuerda que en esa zona está permitido construir tres niveles, no seis.
